Panorámica social S.O.S.

El reciente acuerdo alcanzado entre Irán y Turquía, con la mediación de Brasil, para que el programa nuclear iraní pueda proseguir bajo un control internacional indirecto, resulta tan revelador por lo que recoge como por lo que omite y, desde luego, no ha satisfecho las expectativas de las potencias occidentales (Estados Unidos y la UE) pero tampoco las de Rusia y China, con lo que la propuesta de un régimen de sanciones internacionales más duro prosigue adelante en el Consejo de Seguridad.

Ya resulta significativo el destacado papel de Brasil, que movido por el interés de proteger su propio programa nuclear, sustancialmente idéntico en sus objetivos y en buena parte de sus procedimientos al de Irán, trata de evitar o, al menos, minimizar la reacción internacional contra el gobierno de Ahmadineyad con la clara conciencia de que si tiene éxito afectará decisivamente a sus aspiraciones como potencia nuclear en América Latina.

Pero las cuestiones importantes son: a) saber si el paso dado por el régimen iraní es el primero de un camino que llevaría a medio plazo a someterse al régimen de inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) para garantizar el carácter civil del programa nuclear o b) si, por el contrario, es la última concesión política de un régimen teocrático dispuesto a mantener el desarrollo de su nuclearización a cualquier precio.

En el primero de ambos supuestos, la vía diplomática se convertiría en el principal instrumento para limitar el desarrollo de la capacidad nuclear iraní y garantizar sus aplicaciones al terreno civil que, debidamente reforzado con las inspecciones técnicas, abriría el camino para la progresiva restauración de la confianza mínima necesaria para descartar cualquier iniciativa militar.

Por el contrario, el empeño iraní de ignorar la decisión política de las grandes potencias mundiales, despejaría el escenario para una intervención militar, unilateral (Israel) o conjunta (internacional con participación israelí), cuyo objetivo estratégico sería destruir o paralizar al máximo posible las instalaciones nucleares iraníes, dejando así bien patente la incapacidad del gobierno de Teherán para impedir las represalias militares internacionales. Semejante intervención sólo provocaría un importante retraso en el desarrollo del programa nuclear y no su total y definitiva parálisis.

Esta intervención militar sería compleja, arriesgada y costosa, además de provocar unos efectos regionales y mundiales que deberían ser, en la medida de lo posible, evaluados y prevenidos de forma anticipada. Tales efectos se pueden catalogar en tres categorías: políticos, de seguridad y económicos.

A nivel político, la acción militar contra el programa nuclear iraní provocaría una grave crisis interior de la que, muy probablemente, surgiría una reacción popular que fortalecería el régimen teocrático y aumentaría la represión contra los grupos opositores, arruinando así el proceso de cambio iniciado tras las últimas elecciones. Además radicalizaría todavía más la política exterior iraní con el consiguiente apoyo a los grupos del terrorismo yihadista, lo que desestabilizaría aún más la situación en Afganistán e Irak.

No obstante, la evidencia sobre la vulnerabilidad militar del régimen iraní y el efecto disuasorio para otros candidatos a la nuclearización incontrolada, podrían ser considerados objetivos adicionales suficientemente importantes para asumir el riesgo de una inestabilidad regional controlada. En este contexto, no es descartable un realineamiento político de algunos países de Oriente Medio, como Siria y Arabia Saudí, junto con otras potencias regionales como Pakistán, especialmente si la acción militar se lleva a cabo de forma unilateral por Israel. Ello tendría consecuencias directas sobre el proceso de negociación palestino-israelí que quedaría, nuevamente, paralizado.

Tampoco se pueden ignorar los efectos de tensión política y diplomática que semejante intervención militar podría tener en las relaciones entre Estados Unidos y la UE, de una parte, y Rusia y China de otra. Tales efectos se podrían limitar sustancialmente con una previa información y unas adecuadas gestiones diplomáticas ante ambas potencias sobre la naturaleza, fines y alcance de la intervención militar. En caso contrario podrían tener devastadoras consecuencias para iniciativas de tan largo alcance como el desarrollo del sistema antimisiles o las negociaciones con Corea del Norte.

En el ámbito de la seguridad y más allá del inmediato impacto que tendría en la actividad del terrorismo yihadista, los principales riesgos están asociados a dos posibles escenarios: el fracaso de la intervención militar o la respuesta iraní mediante una escalada bélica en Irak y Afganistán. El primero de ambos escenarios nos lo recuerda el fracaso de la operación de rescate de los diplomáticos norteamericanos secuestrados en la Embajada de Teherán en Abril de 1980 (Rescue Mission Report 1980)

Para evaluar adecuadamente los efectos de un fracaso militar habría que distinguir entre una operación exclusivamente aérea, como ocurrió en el ataque israelí a la central iraquí de Osirak en 1981, y una intervención combinada con el empleo de grupos de operaciones especiales que actuarían desde tierra. La ventaja estratégica de la intervención aérea, que incluiría el empleo de misiles de alcance intermedio, es que reduciría el número de bajas y la probabilidad de toma de prisioneros de las fuerzas atacantes, evitando su explotación política y propagandística por el régimen iraní con el demoledor impacto que causaría en las opiniones públicas occidentales. El principal inconveniente es que, considerando que algunas de las instalaciones  nucleares más importantes, como la Qom, son subterráneas sería muy difícil provocar daños que retrasasen de un modo significativo el programa nuclear. En el caso de una intervención combinada con fuerzas terrestres las consecuencias, obviamente, serían las contrarias. Un dilema de difícil solución pero del que algunas informaciones fragmentarias nos permiten inducir que se resolvería a favor de la operación combinada aire-tierra.

Pero no se puede subestimar la probabilidad de que el régimen de Ahmadineyad reaccionase al ataque, sobre todo si éste sólo tiene un éxito muy limitado, mediante una escalada bélica en la región cuyos primeros objetivos serían las zonas chiíes de Irak y las provincias fronterizas de Afganistán. Ambas consecuencias introducirían un escenario de inseguridad regional que no sólo afectaría a las tropas occidentales desplegadas en estos países, sino que también podría alterar la distribución del poder militar en la zona y arruinaría la negociaciones de paz entre palestino e israelíes.

Finalmente, el desarrollo de una acción militar tendría también importantes consecuencias económicas. En efecto, Irán constituye una potencia petrolífera mundial. De acuerdo con las estadísticas oficiales disponibles en 2008, disponía de unas reservas estimadas en 138.000 millones de barriles lo que representaba el 13 % del total de las reservas de la OPEP y gozaba de una capacidad de refino de 1,5 millones de barriles/día equivalente a las capacidades de Irak y Kuwait juntas.

Con estos datos, resulta evidente que una intervención  militar, incluso la expectativa de su ejecución, tendría un efecto inmediato en el mercado mundial de productos petrolíferos disparando sus precios debido a un aumento de las reservas estratégicas, tanto de los países consumidores como de las grandes empresas distribuidoras, así como a las operaciones especulativas que se desatarían. Todo ello podría verse agravado si los gobiernos de algunos otros grandes productores, como Libia o Arabia Saudí, adoptasen medidas de represalia energética contra los países que interviniesen o apoyasen la acción militar.

Semejante escenario de restricciones en el abastecimiento petrolífero y de aumento incontrolado de los precios, provocaría una grave recesión económica que agravaría, hasta límites difíciles de estimar, la situación de crisis que experimentan las economías más desarrolladas y emergentes. En efecto, Estados Unidos, la UE, Japón, la India o China, verían arruinada sus capacidades de crecimiento económico y desarrollo en un período entre 5 y 10 años dependiendo de la duración del embargo petrolífero.

Por otra parte y teniendo presente que el dólar sigue siendo la moneda de reserva utilizada en el mercado del petróleo, una crisis de abastecimiento energético y de alza de los precios del crudo revalorizaría el tipo de cambio del dólar respecto del euro y otras monedas de reserva. Con ello Estados Unidos obtendría una mayor capacidad de endeudamiento financiero pero perjudicaría seriamente su balanza comercial dificultando todavía más su recuperación económica.

Sin duda estos efectos económicos son los que más pueden pesar a la hora de tomar la decisión sobre el momento y el modo de llevar a cabo una intervención militar en Irán. No resulta probable que Estados Unidos apoye o colabore con una operación de esta naturaleza mientras no haya consolidado su proceso de recuperación económica, se hayan estabilizado los mercados financieros internacionales y, además, haya acumulado unas reservas adicionales de crudo para hacer frente a las restricciones que podrían desencadenarse.

Las conclusiones que se desprenden resultan bastante claras. En primer término para inducir al régimen iraní a aceptar a corto plazo un sistema internacional de control sobre su programa nuclear, la vía de la diplomacia apoyada por un régimen creciente de sanciones será la opción seguida por Estados Unidos y el resto de las potencias occidentales. No obstante, como el tiempo opera a favor de la irreversibilidad de la nuclearización de Irán, el fracaso total o parcial de la vía diplomática obligaría a medio plazo, es decir en un período no mucho mayor de un par de años, a recurrir a la intervención militar. Dicha intervención sería realizada muy probablemente por Israel con el apoyo y la colaboración de Estados Unidos junto con la aquiescencia de las restantes grandes potencias, y se desarrollaría mediante una acción combinada aire-tierra. La firme voluntad de la Administración Obama de alcanzar avances significativos en el desarme nuclear estratégico y evitar la proliferación nuclear, especialmente por regímenes considerados enemigos o poco fiables, avalan más que cualquier otro argumento esta estrategia.