Panorámica social S.O.S.

En julio de este año, miembros del gabinete de Seguridad salvadoreño se reunieron con el secretario de Estado de Seguridad de Río de Janeiro, en Brasil, Mariano Beltran, con el objetivo de intercambiar experiencias en ese campo y ver cuáles pudieran aplicarse en el contexto salvadoreño.

Sin embargo, parece que fue Brasil quien aprendió lecciones de El Salvador;  aunque, lamentablemente, no las mejores.  El gobierno brasileño decidió en noviembre de este año -como El Salvador lo hiciera desde el año pasado- aplicar el uso de las fuerzas armadas en la seguridad pública y, partir de esto, un deprimente  evento mediático fue impulsado.

El noticiero televisivo “Jornal Nacional”, el más importante en Brasil, definió el caos que se vivió en Rio de Janeiro el 25 de noviembre como el día de una victoria histórica. Coincidió con la reacción de las autoridades gubernamentales del país, a través de la policía y de las Fuerzas Armadas,  en contra de los criminales, pandillas y narcotraficantes que dominan las favelas cariocas. Pero las escenas de guerra, muerte y pánico que millones de brasileños pudieron acompañar por la televisión (pues las invasiones militares fueron transmitidas en vivo) están lejos de representar una victoria del bien contra el mal en el combate al crimen organizado en Brasil y refuerzan una percepción ingenua, y forjada como espectáculo, del inmenso problema de la seguridad pública en el país – así como en tantas otras naciones latinoamericanas.

Situación mundialmente conocida, particularmente después del éxito de la película “Ciudad de Dios” (2001), por varias décadas la mayoría de las favelas de Río han estado siendo controladas por milicias y narcotraficantes.  La historia se hizo novedosa el mes pasado, sin embargo, en una acción coordinada que representa, a la vez, una dramática reacción de las autoridades brasileñas a la audacia de los criminales y el ápice de un proceso de implementación de un plan de seguridad publica que empezó en 2008.

En ese año, el gobierno del estado de Río de Janeiro conjuntamente con el gobierno federal, empezaron a llevar a cabo el Programa Nacional de Seguridad Pública brasileño (Pronasci) que es el resultado de la Primera Conferencia Nacional de Seguridad Pública, realizado durante el gobierno del presidente Lula da Silva. El gobierno cree que ese Programa garantiza infraestructura, calificación de los policiales y presencia permanente de los agentes en integración con las comunidades de las favelas a través de fuerte financiamiento estatal. Apenas el Estado de Río de Janeiro recibió  500 millones de reales (220,8 millones de euros) en dos años.

La principal materialización de este Programa de Seguridad fueran las llamadas UPP: las Unidades Policiales de Pacificación – puestos policiales permanentes en la favelas, con policiales especialmente entrenados y que incluso reciben remuneración diferenciada para articular espacios de implementación de políticas sociales, particularmente para las juventudes y para las mujeres, en las áreas identificadas por el gobierno como “zonas de conflicto”.

Al crimen organizado en las favelas no le ha gustado el nuevo programa y, a partir de la unión de fuerzas de pandillas otrora rivales (“Comando Vermelho" y “Amigos dos Amigos”),  se generó una nueva ola de violencia en la ciudad que será sede de la final del Mundial de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, con secuestros y autobuses incendiados para aterrorizar la población en un intento de intimidar el gobierno y forzarlo a abandonar el plan de seguridad.

Fue así que las organizaciones policiales de Río actuaron con la Marina y el Ejército, incluso utilizando tanques blindados, para entrar en la Vila Cruzeiro, que es parte del Complexo do Alemao (un conjunto de doce favelas en el norte de la ciudad donde viven más de 200 mil personas) y crear un espectáculo mediático-militar con tiroteos, persecuciones y más de 37 muertes siendo transmitidas en directo en la televisión.

Las Fuerzas Armadas lograran expulsar los narcotraficantes de la zona -aunque muchos lograran huir y estén reanudando fuerzas- y deberán quedarse en el Complexo do Alemao por lo menos durante seis meses, mientras nuevos policiales son entrenados para ingresar en las UPP.

Pero nada en términos inmediatos irá a resolver el problema de seguridad en Río y en el resto de Brasil. El uso de las Fuerzas Armadas es una medida de emergencia e indeseada que revela la debilidad del Estado en tratar de sus problemas de seguridad. El propio ex ministro de Justicia de Brasil, que ha coordinado la elaboración del actual Programa de Seguridad, Tarso Genro, critica la continuidad de las fuerzas militares en la seguridad pública. “No se puede alimentar la idea de que las Fuerzas Armadas son instituciones que tienen la responsabilidad de proveer seguridad a la población. La experiencia de sustituir la policía por el ejército en el combate al crimen organizado ha sido desastrosa en México”, opina.

Al cabo de dos décadas del final de las dictaduras y guerras civiles en el continente, los militares vuelven a tener protagonismo en Latinoamérica. Este es un dilema que El Salvador conoce bien. Al terminar la guerra civil en 1992, la guerrilla ganó la  batalla por la desmilitarización de la sociedad. Las fuerzas armadas fueron sacadas de  la seguridad pública y se creó la Policía Nacional Civil (PNC).

Pero hay, tanto en El Salvador como en Brasil, una evidente fragilidad legal en el combate en contra la delincuencia, la corrupción en los cuerpos policiales, las violaciones de los derechos humanos. Más preocupante aún es que, en realidad, todo el continente vive, después de finalizados los conflictos de décadas anteriores, afectado por fenómenos nuevos: el narcotráfico, el crimen organizado y pandillerismo violento. La respuesta a ello por parte de los estados es: “la guerra a la delincuencia”.

Pero esta guerra supone una polaridad entre policía y criminales que en muchos casos, particularmente en el estado de Río de Janeiro, no existe. La policía carioca deber ser depurada, debe parar de facilitar el trafico de armas para los narcotraficantes, debe dejar de constituir milicias que se asocian con los criminales. La distinción entre el crimen y la policía debe ser la primera y más urgente acción para la implementación de una seria política de seguridad publica.

En Brasil, el plan de las UPP nao tendrán sustentabilidad si los organismos policiales no fueren profundamente transformados. Y el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad publica quizás haya sido necesario en un momento critico, pero ellas no existen para esto, no están entrenadas para esto. La continuidad de los militares en las calles es una vergonzosa señal de debilidad de un Estado que anhela sentarse definitivamente como una potencia global.

En El Salvador, recurrir  al ejército, a medidas o estados de excepción, significa violar el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz, una de cuyas grandes aspiraciones era desmilitarizar la sociedad y principalmente los cuerpos de seguridad pública. Políticas sociales integrales y el fomento de la participación ciudadana, en lugar apenas de inversión en represión, son fundamentales para atacar otros factores que son causa de la violencia.