Panorámica social S.O.S.

El panorama político en Mauritania se ha visto sometido a grandes cambios en las dos últimas décadas, dejando una estela de sucesos truculentos que han incidido enormemente en la evolución de las libertades y generado una coyuntura sin duda digna de análisis. Tras sufrir toda suerte de regímenes monopartidistas y autoritarios con el advenimiento de su independencia, el país presenció sus primeras elecciones multipartidistas en 1992. Un año antes, los mauritanos aprobaron por referéndum su primera constitución democrática. Sin embargo, desde que esto ocurriese, la situación política no ha atravesado precisamente un período estable.

En 2005, se produjo en Mauritania un golpe de Estado militar con el fin de derrocar el gobierno de Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya, al que se acusaba de no garantizar una alternancia política pacífica y de tolerar las violaciones de derechos humanos. El nuevo Ejecutivo llevó a cabo una transición democrática que se prolongaría durante dos años, pero el descontento por dicha transformación política acabó dando lugar a un nuevo golpe militar en 2008. El autoproclamado gobernante, Mohammed Ould Abdel Aziz, promovió unas nuevas elecciones, siendo elegido presidente en julio de 2009. Con este nuevo escenario, la situación interna continúa, no obstante, atravesando ciertas turbulencias. El estudio sobre Desarrollo Democrático elaborado por The Economist en 2008 sitúa a Mauritania en su puesto 118 (de los 167 Estados contemplados), mientras que el Índice de Percepción de la Corrupción de 2009 (de la ONG Transparencia Internacional) establece al país en su posición 130, considerando sus niveles de corrupción interna muy elevados. Así las cosas, las circunstancias que atraviese la libertad de prensa -una de las piedras angulares de todo gobierno plural- resultan de vital importancia para ponderar la democratización del país.

La liberalización de la prensa hizo aparición en este Estado africano en 1991, siendo citada en la Constitución de ese mismo año y regulada por una ordenanza del entonces gobierno militar. Pero la libertad de prensa estaba en aquel momento, según dicha legislación, sujeta a diversas restricciones que hacían cuestionarse su verdadera existencia. La Ordenanza del 25 de julio de 1991 establecía que el Derecho a la Información de los mauritanos se vería condicionado por “el comportamiento responsable y digno de todos sus protagonistas” y el “respeto a los principios del Islam y a los valores culturales nacionales”. Según este texto, toda publicación precisaría de una autorización previa para ver la luz, extendida tras pasar su director una “encuesta de moralidad” a cargo de las autoridades. De los 83 artículos que conformaban esta primera ley de la prensa, más de dos tercios estaban dedicados a citar los delitos y sanciones de que podrían ser objeto los periodistas o responsables del medio en caso de incurrir en lo que consideraban un abuso de su libertad.En otras palabras, podría decirse que la legislación, más que liberalizar la prensa, establecía las claves de su censura.

En los años posteriores a la aparición de este texto legal, se registraron decenas de casos de secuestros y cierres de publicaciones y las detenciones y encarcelamientos de periodistas eran prácticas corrientes, como señala la ONG Article XIX en su Informe sobre la Libertad de Expresión en Mauritania del año 2007.

Con la transición democrática promovida tras el golpe de 2005, comenzaron a darse los primeros pasos hacia la verdadera consecución de las libertades. La Constitución fue modificada en 2006 y sometida a referéndum, convirtiéndose en un documento que buscaba garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Declaración Universal de Naciones Unidas. El artículo 10 de la nueva Carta Magna establece la libertad de expresión y pensamiento, especificando que ésta “no puede ser limitada por la ley”. También con este paso a la democracia se derogó la ordenanza de 1991, entrando en vigor una nueva ley (notablemente más liberal), que terminó con los delitos de prensa anteriormente tipificados y aseguró la ayuda del gobierno a la creación de un espacio mediático público. Pese al importante avance que esto suponía, continuaba haciéndose patente una cierta tolerancia a la censura, al contemplarse, por ejemplo, la posibilidad de imponer graves multas o prohibiciones a publicaciones extranjeras susceptibles de atentar contra los principios del Islam, el orden y seguridad públicos o el crédito del Estado. De igual modo, el artículo 70 de esta ordenanza de 2006 otorgaba a autoridades nacionales y regionales la opción de secuestrar publicaciones en base a esos mismos términos.

Ya bajo el mandato del actual presidente, la legislación al respecto ha experimentado recientes modificaciones, quedando, sin embargo, en el aire las mismas cuestiones. La ordenanza de 2008 deja una vez más la puerta abierta a la censura por parte de la Alta Autoridad de la Prensa y el sector Audiovisual (creada con la ordenanza de 2006). Así, la publicación o emisión de cualquier medio  está aún hoy sujeta al beneplácito de terceros, en función de su respeto a cuestiones como la religión del país, el orden y la seguridad o la unidad nacional.

Si bien es cierto que parece estarse trazando el camino correcto hacia una total democracia en este sentido –como muestran los esfuerzos del gobierno por apoyar el surgimiento de periódicos, radios y televisiones bajo el abrigo de la financiación del Estado-, continúan siendo frecuentes las denuncias de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras acerca de secuestros de publicaciones, arrestos de periodistas o cierres de páginas Web.

Desde la primera regulación de la materia en 1991, no puede negarse el avance en la palestra mediática de Mauritania, que -aunque con pasos tímidos- cada vez habla más alto y más claro. Así pues, los medios mauritanos proliferan poco a poco en una pugna por salir a flote y narrar la realidad sin tapujos, pese a no encontrarse todavía hoy completamente exentos de peligro. En este contexto tan particular, y con los últimos cambios que atraviesa el país, sólo el tiempo dirá si los esfuerzos institucionales siguen adelante con el suficiente impulso para lograr una libertad sin restricciones.