Panorámica social S.O.S.

El 30 de noviembre de 1999 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas crea la Misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), cuyo objetivo era mantener el contacto con las partes enfrentadas y realizar otros trabajos de pacificación, tras años de hostilidades entre lo que era el antiguo Zaire (República Democrática del Congo), Angola, Ruanda, Uganda, Namibia y Zimbabue. Casi once años más tarde, el 1 de julio de 2010, llega al territorio congoleño, condenado a los enfrentamientos entre las fuerzas leales al gobierno de Joseph Kabila y los distintos grupos rebeldes que operan en la zona, la Misión Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO).

Esta nueva misión de la ONU, acogiéndose a la resolución 1925 del Consejo de Seguridad, no sólo retoma los objetivos de la MONUC, sino que entre sus fines pone especial énfasis en la protección de los civiles, personal humanitario y defensores de derechos humanos que estén bajo una amenaza inminente de violencia física y para apoyar al gobierno de la República Democrática del Congo en sus esfuerzos de estabilización y consolidación de la paz.

Pero, ¿qué panorama se ha encontrado la MONUSCO al llegar a este país del África Central? En el este del país, tanto en Kivú Norte como en Kivú Sur (zonas ricas en materias como oro y coltán), los enfrentamientos más cruentos de los últimos años se están desarrollando, cometiéndose al mismo tiempo graves violaciones de derechos humanos. Ejemplo de ello ha sido el trágico caso de Walikale, cuando entre el 30 de julio al 3 de agosto de 2010, grupos armados que operan en esta región, entre ellos las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda y los rebeldes Mai-Mai, violaron a más de 300 civiles, incluidos menores de ambos sexos, de 13 localidades diferentes.

Ante hechos como éste, violaciones masivas de civiles, las autoridades congoleñas han expresado su intención de detener a los autores, juzgarles y prevenir nuevos crímenes. Sin embargo, la falta de control del gobierno de Kabila sobre esta zona hace difícil lograr este objetivo. El apoyo internacional parece una herramienta fundamental.

Y parece que ahora, con un caso tan grave, los organismos de Naciones Unidas han puesto su maquinaria en marcha. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido una comisión investigadora que trabajará del 30 de septiembre al 10 de octubre en la región de Kivú Norte. Los expertos designados por la organización internacional recogerán el testimonio de las víctimas, evaluando desde el punto de vista jurídico, médico y de reintegración social.

Sin embargo, no resulta precipitado aventurar que estas violaciones de derechos humanos están lejos de desaparecer. La inestabilidad del país es más que evidente tanto a nivel político como étnico y regional. En el plano político se observa cómo el gobierno de transición fue formado por fuerzas diametralmente opuestas, sin cohesión y con intereses encontrados. Por un lado estaba el presidente del país Joseph Kabila y, por otro, sus cuatro viceministros, cada cual más diferente: Jean Pierre Bemba, Azarias Ruberwa, Abdoulaye Yerodia y Arthur Zahidi Ngoma, representantes de los grupos armados enfrentados durante la guerra y la oposición política.

Mientras en el plano étnico y regional, en la zona oriental (Kivi Norte y Kivi Sur) la presencia de las minori?as banyamulenge y kinoruandesa provoca la tensión constante con Ruanda. Por si esto fuera poco, milicias hutus ruandesas refugiadas en territorio congoleño tras el genocidio de 1994 siguen provocando el descontento del gobierno ruandés sin que el Ejecutivo de Kabila ponga fin a ello.

En el noreste del país, la regio?n de Ituri se encuentra dividida en una docena de a?reas controladas por diferentes milicias, tras el conflicto de 2002 que costó la vida a más de 200.000 personas.

Además, la riqueza natural de la República Democrática del Congo le ha convertido en un punto en el que convergen diferentes intereses tanto de gobiernos como de multinacionales que no dudan en pagar a los rebeldes y proveerles de armas a cambio del control de los yacimientos mineros; tal como demostraba ya en 2001 el informe del Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo.

La famosa historia de los diamantes de sangre, que ha tomado relevancia este verano con el inicio del juicio contra el ex presidente de Liberia, Charles Taylor, en el Tribunal Especial para Sierra Leona, vuelve a repetirse en un Estado africano. Su riqueza se convierte en el combustible de un conflicto que está lejos de desaparecer, pues la inestabilidad interesa a quien inyecta dinero y multiplica sus ganancias en el mercado negro internacional.

Ante esta realidad que lleva largos años torturando a los congoleños, cabe preguntarse si realmente la MONUSCO podrá hacer algo al respecto. La misión de la ONU podrá luchar contra los grupos rebeldes, pero el problema que detrás de ellos se esconde es mucho mayor y sobrepasa las fronteras de la República Democrática del Congo. Por este motivo, no parece atrevido augurar un futuro trágico al corazón del África Negra si no se toman medidas reales contra el verdadero problema que atormenta a la República Democrática del Congo.