Panorámica social S.O.S.

La victoria electoral de Nueva Alianza Flamenca (N-VA), partido nacionalista que aboga por la independencia de Flandes, en las elecciones belgas del domingo 13 de mayo, no fue motivo de sorpresa. Quizás lo más sorprendente de las post-elecciones fue el primer análisis rápido y poco meditado realizado por algunos medios europeos sobre el riesgo de la división del país, que bien puede jugarse (digamos mejor: seguir jugándose) sobre el terreno político o incluso, apurando, económico, pero en ningún caso imaginable territorial. Se abre, eso sí, un período de incertidumbre, aunque en la línea de los acontecimientos políticos a los que nos tiene acostumbrados Bélgica, un complejo estado federal dividido en regiones lingüísticas (Flandes, Valonia y la bilingüe Bélgica) y una de las pocas monarquías que quedan en Europa.

El país que alberga la capital europea no cuenta con una única identidad nacional, algo que se ve reflejado en la ausencia de partidos nacionales: aquellos unidos en un inicio se han separado progresivamente hasta agruparse en flamencos y francófonos, aunque se reconocen como tres grandes familias políticas (demócratas-cristianos, socialistas y liberales). Así pues, las últimas crisis políticas no han hecho sino despuntar una realidad latente desde hace décadas, pronunciada quizás más con los continuos flujos migratorios y la mayor presencia de los ‘nuevos ciudadanos’, y que en cualquier caso va más allá de la realidad lingüística belga, fundamento éste último, ya lo hemos dicho, de la estructuración del Estado. Las propias instituciones del país están en mutación desde antes que se apagara el mundo bipolar y las elites políticas hace tiempo que han dejado de mostrar su preocupación más allá de las rencillas en la arena y corrida electoral. Los ciudadanos que no muestran indiferencia ante el juego político de sus representantes o candidatos, entienden o, en el peor de los casos, son partidarios y agentes políticos de la lucha identitaria (lingüística, cultural, educativa…) que quiere envolver al país en detrimento de una (re)construcción de la identidad nacional o refuerzo y recuperación de referentes comunes.

En este contexto, tampoco debe chocar la mano que el líder independentista y republicano De Weber tendió a los francófonos al conocerse ganador, con el 97% de los sufragios escrutados, ni la aceptación inmediata de los socialistas. El líder de N-VA desde 2004, que suscita tantas simpatías en Flandes como desprecios en Bruselas y Valonia, no quiere una ‘revolución’ que divida inminentemente al país, antes bien apunta hacia una descentralización fuerte, prolegómeno de la escisión: el inicio de un proceso de cambio que, como bien sabe, no puede realizar sólo. Menos aún con los 27 escaños de los 150 con que cuenta el Parlamento belga y que obligará a una coalición de al menos cuatro partidos políticos.

Sean cuales sean sus deseos, las decisiones que deseen tomar los conservadores independentistas no podrán desarrollarlas unilateralmente. En el caso del proceso de descentralización, la Constitución belga, en su artículo 54, prevé una moción que, apoyada por tres cuartos de los miembros de uno de los grupos lingüísticos, puede declarar que las disposiciones de un proyecto o de una propuesta de ley atentan contra las relaciones entre las comunidades lingüísticas, con lo  que el proceso se suspende y las negociaciones deben retomarse. Aunque bien es cierto que últimamente suelen confundirse negociaciones con concesiones, y quizás en esta ocasión estuviera en juego algo más trascendente para el futuro de la nación que la delimitación de las fronteras de Bruselas, objeto de las últimas disputas entre los representantes regionales. La posible cesión del cargo de primer ministro por parte del N-VA al líder del socialismo francófono, de origen italiano, Elio Di Rupo, podría ir en esta línea de negociación.

Si pensamos en el supuesto de la independencia del territorio, nos alejamos del futuro más inmediato. No podemos olvidar el principio de Derecho internacional de ‘integridad territorial’ del Estado, contra el que no puede actuar la declaración de independencia de un territorio o autodeterminación de un pueblo (entendido como una comunidad con una identidad reconocida y sometida por quienes ocupan el territorio). Por lo que toda escisión del país sólo puede desarrollarse tras un proceso de negociación y reconocimiento mutuo por las partes (comunidades) implicadas. Algo que no parece estar en mente de valones y bruselenses.

No es por lo tanto real imaginar una Bélgica dividida territorialmente, por exclusivo deseo de la comunidad flamenca; menos aún por un resultado electoral del que si bien el partido más votado fue uno abiertamente declarado independentista (como lo son la mayoría de partidos flamencos) tan sólo ha alcanzado el 18% de los escaños en la cámara baja y necesitará para formar una coalición de gobierno, y ante la falta de mayorías claras, de al menos otros tres partidos. Eso sin olvidar la paradoja de que el próximo primer ministro pudiera ser, precisamente, el líder de los socialistas francófonos.