Panorámica social S.O.S.

Turno de Hungría para intentar sacudir a una Unión Europea dormida, que ni la Bélgica de la inestabilidad política ni la España en naufragio económico supieron estimular. La nueva presidencia europea preocupa a quienes observan con recelo la evolución del escenario político de uno de los países miembros del club europeo que no forma parte, sin embargo, de la zona euro.

Las elecciones legislativas húngaras de abril de 2010 supusieron un giro radical a la derecha. Fueron, ante todo, la derrota de una izquierda procedente de las antiguas élites comunistas: la inestabilidad política y escándalos financieros terminaron a golpe de urna con los ocho años de gobierno del Partido Socialista Húngaro (MSZP). Los conservadores de la Alianza de los Jóvenes Demócratas (Fidesz) retomaron el poder con una holgada mayoría y anunciando cambios constitucionales, como la reducción del aparato estatal. En la derecha extrema, se felicitaba la que desde entonces sería la tercera fuerza política del país: el Movimiento para una Hungría Mejor (Jobbik), de Gabor Vona. Con esta formación nacionalista y abiertamente xenófoba (creadora de la Guardia Húngara, milicia prohibida en julio de 2009) flirteaban los indiscutibles vencedores de los comicios, ante la indignación de la oposición socialista.

Las promesas electorales de reformas estructurales –económicas, políticas e institucionales-comenzaron precisamente avivando el fuego nacionalista al aprobar el recién estrenado Parlamento de mayoría conservadora una ley que concedía la doble nacionalidad a todo húngaro residente en el extranjero que lo solicitase. Ello afectaba directamente a las relaciones con los países vecinos con fuertes minorías húngaras, como Eslovaquia, Rumania, Serbia y Ucrania. La mayor crispación se vivió con Eslovaquia, que reaccionó con dureza al considerar amenazada su integridad territorial. 

Desde la perspectiva económica y financiera, el nuevo gobierno del país centroeuropeo, liderado por Viktor Orban, debía responder, por un lado, a su compromiso electoral de acabar con la austeridad imperante desde 2006 y, por otro, a las demandas de severidad presupuestaria procedentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Unión Europea (UE), que intervinieran de emergencia en 2008, junto con el Banco Mundial, ante la deriva económica del país con un rescate próximo a los 20.000 millones de euros. Primó el rechazo a las exigencias de austeridad del FMI y, por ende, la búsqueda de medidas singulares para resucitar la convaleciente economía húngara. En plena pesquisa el gobierno optó por una de las decisiones más polémicas de la reforma económica para hacer frente al déficit: la adopción de una ley que desviaría los fondos privados de las pensiones hacia el sistema público, lo que afectaría a unos tres millones de personas (el rechazo a la reforma podría suponer para el ciudadano húngaro la pérdida del 70% de su pensión).

No menos cuestionable sería la reestructuración del funcionariado y la colocación de personas de confianza y afines al partido en los puestos de máxima responsabilidad. Pero quizás el elemento que más ha preocupado en Europa ha sido la denominada por sus detractores “ley mordaza”, que parece atentar contra el derecho a la información y la libertad de expresión, al poder controlar (“vigilar”, dicen) a los medios de comunicación del país mediante la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación (NMHH) y multas que sancionen informaciones que atenten contra el interés público, el orden público y la moral (incluida injuria hacia instituciones tradicionales como el matrimonio o la familia, las naciones y la Iglesia). Al amparo de la mencionada ley, en vigor desde el 1 de enero de este año, los periodistas deberán revelar sus fuentes; pero aún hay más: prevé la supresión de las redacciones de los medios públicos por un único organismo central dependiente de la agencia estatal de noticias. Al respecto, la Comisión Europea aún debe estudiar si el país miembro cumple con los principios democráticos recogidos en la normativa comunitaria y con las directrices de la Carta europea de Derechos Fundamentales. Por el momento, ya son varios los países de la Unión que han mostrado su inquietud por la cuestión húngara, poniendo en tela de juicio su capacidad para dirigir durante los próximos seis meses la presidencia europea, que el país asume desde el 1 de enero de 2011.

Viktor Orban ajeno a críticas y cuestionamientos sobre su política autoritaria, Hungría comienza su primera semana de presidencia semestral con tres amonestaciones de Bruselas y presentando un programa no particularmente ambicioso pero que provoca escepticismo por la situación interna del país. Apuntando hacia medidas y mecanismos que pongan fin de la crisis de la eurozona, sin mayor interés en discutir el presupuesto 2014-20 aunque sí de prestar atención a políticas amenazadas por el recorte –como la Política Agraria Común-, Budapest quiere también avanzar en las negociaciones para la adhesión de Croacia y completar la entrada de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schegen. Sin embargo, no hay grandes novedades en la agenda, quizás debido a la poca experiencia europea del país que entrara en 2004 en el club europeo. Cabe esperar, por lo tanto, una continuidad respecto al camino marcado por sus predecesores españoles y belgas en el puesto rotatorio.