Panorámica social S.O.S.

Según las definiciones al uso, una zona de libre comercio es la primera etapa de un proceso de integración, que compromete a los países a eliminar los aranceles entre sí, manteniéndolos ante terceros. Ello implica un acuerdo para acabar con los derechos de aduana y otras barreras, mientras cada cual mantiene su política comercial frente al resto. En este sentido, de acuerdo con la teoría económica tradicional de la integración, la creación de un mercado compuesto por unos potenciales setecientos millones de consumidores, repartidos entre los Estados miembros (EEMM) de la Unión Europea (UE) y los el entorno de la orilla sur del Mediterráneo, supone la oportunidad que la UE necesita para enfrentar a los grandes como la China emergente, los consolidados Estados Unidos y la enigmática Rusia.

Sin embargo, aunque la Comisión considere que la UE es el socio más importante de los países del sur Mediterráneo, el Parlamento Europeo (PE) y un gran número de observadores siempre han estimado que es poco realista la culminación de una zona de libre cambio en la cuenca mediterránea a corto plazo (1995-2010), tal y como lo recogió la primera conferencia al respecto, celebrada en Barcelona en noviembre de 1995. La razón resulta evidente: las claves del proceso son tan poco claras como limitadas a un comercio en el área, cuyos flujos, los que proceden del norte, asfixian a los que vienen del sur.

Según fuentes europeas, entre 1995 y 2009, las compras del Viejo Continente en la zona se han duplicado, mientras que las ventas con destino a la misma han aumentado casi un sesenta por ciento. Ese déficit no es más que la consecuencia de lo que el ejecutivo comunitario califica de error. El hecho de partir de la premisa de que el intercambio euromediterráneo se produce entre dos regiones de un mismo espacio que permanecen, todavía al día de hoy, separadas impide que el objetivo 2010 se convierta en un elemento esencial de una dinámica que permita a los países de la orilla sur anotar auténticas ventajas. Puesto que, desde los años setenta, estos Estados se vienen beneficiando de acuerdos de asociación, no sería descabellado incrementar la integración -que no la adhesión- mediante la eliminación gradual de la protección de los mercados agrícolas europeos, la asociación  económica horizontal frente a la integración radial Norte-Sur con la UE como eje central y la conversión de la deuda externa en un instrumento de convergencia que canalice los recursos hacia un desarrollo genuino.

Sin duda, la proyección de la UE en el Mediterráneo es débil. A pesar de que, desde el principio, ha suscitado muchas expectativas al impulsar un proceso de desarrollo económico y social sostenible en la zona para crear una región de paz y prosperidad compartidas, la Asociación Euromediterránea ocupa un lugar mínimo entre las políticas comunitarias que definen el contenido de las relaciones en la región, y que han quedado excluidas de la negociación como la Política Agrícola Común (PAC), cuya apertura de los mercados agrícolas europeos la dirime la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Pero es que los europeos de la época posbipolar están convencidos de que la democracia sólo viene de la mano del desarrollo económico que, a su vez se consigue por el libre juego de las fuerzas de mercado. Porque se da por hecho esa causalidad, esta nueva corriente de pensamiento, un tanto optimista, elude la existencia de investigaciones que contrastan la solidez del efecto funcionalista libre comercio con algo de ayuda para facilitar la transición- crecimiento económico-democracia. La propia hoja de ruta 2008, que supone un intento sincero de reformulación de la acción mediterránea de la UE más allá de 2010, no deja de establecer como objetivo básico el reforzamiento de las relaciones a través de acuerdos más profundos que abarquen nuevos ámbitos comerciales.