Panorámica social S.O.S.

En los países del primer mundo, hombres y mujeres son iguales ante la ley, tienen los mismos derechos y deberes. Pero, aun con la ley en la mano, son habituales e incluso aceptadas realidades que refieren a desigualdad en razón de género: diferencias salariales entre mujeres y hombres, progresión del número de mujeres que sufren malos tratos, etc. Si tomamos datos oficiales y sistemas de cuantificación objetivos, Naciones Unidas maneja desde 1995 un Índice de Desigualdad de Género para medir la desigualdad entre mujeres y varones en tres dimensiones: salud reproductiva (fecundidad adolescente y mortalidad materna), empoderamiento (educación y participación política) y mercado laboral (participación en la fuerza de trabajo); el Foro Económico Mundial posee su Índice Global de Disparidad entre Géneros (GGI), que mide la disparidad de género e materia de participación y oportunidades económicas (salarios, participación y acceso a empleos calificados), logros académicos, poder político, salud y supervivencia; la Economist Intelligence Unit se sirve de su Women’s Economic Opportunity Index (WEOI) que incluye cinco dimensiones de análisis: política y práctica laboral, oportunidad económica de las mujeres, acceso al crédito, la educación y la formación, estatus jurídico y social de las mujeres , y entorno empresarial general. La OCDE, por su parte, posee una base de datos de Igualdad de Género, Instituciones y Desarrollo que emplea indicadores como el código familiar (costumbres matrimoniales y poder de decisión en el hogar), integridad física (violencia hacia las mujeres), libertades cívicas (participación e la vida social y política, independencia y autonomía), derechos de propiedad (acceso a préstamos bancarios, a la tierra u otros bien materiales). Aunque con indicadores diferentes, los resultados que arrojan estos instrumentos de medición referidos a los últimos años en los países desarrollados europeos y en EEUU aunque globalmente avanzan, también recogen retrocesos en “la tarea de eliminar la desigualdad de género” entre los países más ricos del planeta.

Cuando, además, se habla de población inmigrante, los estudios revelan que los casos desigualdad por razones de género son más evidentes. Las mujeres inmigrantes son más vulnerables aunque si su situación es regular, la ley las ampara al igual que a las mujeres autóctonas. Pero, ¿qué ocurre con las mujeres indocumentadas o en situación de irregularidad administrativa?

La Plataforma para la Cooperación Internacional de Inmigrantes Indocumentados (PICUM) ha publicado un informe en el que explica la doble vulnerabilidad ante situaciones de abusos de las mujeres indocumentadas. La carencia de un estado legal independiente hace que estas mujeres estén expuestas a contextos de violencia y explotación. Además, la ausencia de información y apoyo por parte de las autoridades puede dejarlas en una situación de indocumentación sin ninguna posibilidad de regularizar su estado o, lo que es lo mismo, en situación de irregularización administra permanente. A ello contribuyen también las políticas de inmigración que, con frecuencia, no toman en consideración la situación de estas mujeres, lo que incrementa los riesgos de que se queden para siempre fuera del proceso de regularización.

Ante la imposibilidad de determinar con precisión el número de inmigrantes en situación irregular que residen en un territorio determinado, el fenómeno de la inmigración irregular se describe con estimaciones resultantes de cruces de datos oficiales y otras aproximaciones sociodemográficas. Así, se calcula que actualmente hay entre 1,6 y 3,8 millones de inmigrantes indocumentados en la Unión Europea. En Estados Unidos, según el departamento de Homeland Security, viven 11 millones de inmigrantes irregulares dentro de sus fronteras. La inmigración femenina representa una gran proporción de esos flujos, acercándose al 40%. Para ellas, la cercanía existente entre los mecanismos de control de inmigración y los servicios básicos hacen que no puedan acceder a servicios esenciales como salud, educación, acceso a la vivienda y protección laboral. En particular, entre los muchos aspectos que afectan directamente a la mujer inmigrante indocumentada encontramos:

• Limitación a los programas de planificación familiar y programas de salud sexual. Por ejemplo, en Reino unido, las mujeres indocumentadas no tienen acceso a la ayuda para el coste de antirretrovirales para mujeres embarazadas con VIH/SIDA (Ver: PICUM: Access to Healthcare for Undocumented Migrants; Brusselas, 2007, Pág.100).
• Explotación en los trabajos. Las mujeres indocumentadas suelen acceder a trabajos de baja categoría, como cuidadoras de niños o ancianos, tareas del hogar o trabajos en el campo. En estos trabajos suelen ser solitarios haciéndolos propicios a los abusos por parte de los empleadores y dificultando el asociacionismo para poder estar informadas y protegidas ante este tipo de abusos.
• Violencia de género. Las reunificaciones familiares, donde el estado de legalidad lo tiene el esposo o el empleador, hace que a las mujeres no les quede más remedio que no denunciar los hechos para no perder su estado.
• Relacionado con lo anterior: dificultad de acceso a los mecanismos de protección en caso de maltrato. Denunciar estos hechos tiene un alto riesgo de ser deportadas. Además tienen gran dificultad en acceder a los programas de protección que existen en estos casos, por las numeras barreras administrativas que deben saltar. Conscientes de la vulnerabilidad de derechos humanos básicos, numerosos países están poniendo en marcha varias iniciativas para ayudar a estas mujeres con leyes que permiten a las mujeres indocumentadas que sufren violencia de género no sólo a denunciar a sus agresores y acceder a los programas de protección sino que les consiguen un estado temporal de regularidad para poder trabajar y llevar una vida independiente, ejemplos de ello los encontramos en España (ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género) o en Estados Unidos (The 'U' Visa).

La lista no termina aquí, podríamos sumar los indicadores específicos de género que enumerábamos al comienzo de este artículo: acceso a la educación, a la salud, a la información, a la participación política y social, a la propiedad, al mercado laboral con trabajos cualificados y salarios dignos acordes con su formación. Lo que está claro es que sólo se conseguirá avanzar en la igualdad y no discriminación hacia las mujeres inmigrantes indocumentadas dándoles visibilidad, con leyes en las que se les facilite el acceso a los servicios básicos, reconozcan su individualidad y eviten la dependencia tanto de un contratador como de sus familiares, favorezcan el asociacionismo para evitar el aislamiento de sus trabajos y puedan conocer todos los mecanismos que tienen a su alcance para conseguir regularizar su situación.