Panorámica social S.O.S.

¿Dónde estarían las claves para gestionar los flujos migratorios de una forma más efectiva en tiempos de crisis? ¿Qué tipo de compromisos servirían de estímulo a los países emisores de inmigración para que puedan formar y ocupar su fuerza de trabajo y satisfacer las necesidades temporales de Europa, sólo de manera eventual? ¿es conveniente apostar por fronteras más permisivas para facilitar la llegada de trabajadores de alta cualificación? ¿qué fuente de beneficios aportaría la migración de carácter circular, de doble dirección, a países de acogida y países de origen simultáneamente? ¿Es, por tanto, la movilidad, tanto nacional como transnacional un factor de co-desarrollo?

1. Estado actual de la cuestión

En los últimos quince años, la creciente necesidad por incorporar trabajadores extranjeros al mercado laboral para cubrir la demanda real ha permitido, en cierto sentido, suavizar determinadas actitudes negativas hacia la inmigración, favoreciendo, asimismo, acuerdos políticos y sociales sobre los niveles de tolerancia y sobre las cuotas para la llegada de trabajadores extranjeros. Por tanto, esta legitimación económica de la inmigración ha sido crucial para la aceptación de las numerosas regularizaciones extraordinarias de extranjeros llevadas a cabo en España en los años 1985, 1991, 1996, 2000-2001 y 2005[1], aunque si bien es cierto que también han sido objeto de duras críticas por el resto de países europeos.

Aunque aún no se ha observado, al menos en el caso español, un regreso masivo de trabajadores migrantes, la crisis sí ha tenido ya efectos significativos en la intensidad de los flujos migratorios internacionales, así como devastadoras consecuencias sobre los ingresos de estos trabajadores y el envío de remesas, siendo este colectivo el más afectado por el desempleo.

En términos generales, los flujos migratorios tienen un considerable impacto económico y social, tanto en los países de destino como en los países de origen. En el caso de la Unión Europea, los efectos de la inmigración han sido generalmenate analizados desde la óptica de sus repercusiones demográficas (ante el envejecimiento de las poblaciones europeas y el descenso de las tasas de natalidad) y desde el impacto sobre los mercados laborales y los presupuestos públicos. La evidencia empírica muestra que la inmigración ha tenido, en general, unos efectos positivos sobre el crecimiento económico de los países de destino[2].

En los trabajos disponibles que tratan este aspecto se intuye una mayor disponibilidad de los inmigrantes a moverse territorial y laboralmente desde los inicios de la crisis económica[3].

Uno de los estudios más analíticos sobre las migraciones interiores de españoles y extranjeros llega a la conclusión de que la movilidad geográfica de los extranjeros en España es casi cuatro veces superior a la de los españoles[4], de forma que mientras en el caso de los españoles sólo alrededor del 3% está dispuesto a cambiar de residencia por motivos de trabajo, en el caso de los inmigrantes este porcentaje se incrementa hasta un 11,2%. Así, del total de personas que migran de una provincia a otra, el colectivo inmigrante supone algo más del 30%.

Uno de los retos más ambiciosos, por tanto, consistirá en conseguir una estrecha colaboración entre países receptores y países emisores de inmigración para promover políticas circulares de migración que permitan nutrir las necesidades del mercado laboral con trabajadores de perfiles concretos. Asimismo, esa colaboración debe servir también para proteger los derechos de los inmigrantes, de manera que se consiga poner en marcha medidas inclusivas para todos, puesto que no podemos olvidar que el colectivo inmigrante ha sido el más afectado por las consecuencias de la crisis. En última instancia, deberían garantizar también la protección del envío de remesas como uno de los principales elementos de desarrollo en los países emisores de inmigración.

A la luz de los datos arrojados por el Banco Mundial en sus últimos informes[5], parece lógico seguir apostando por las remesas como uno de los mecanismos más eficientes en el crecimiento económico de los Estados de origen, por lo que las actuaciones deberían ir encaminadas a asegurar a los inmigrantes sistemas económicos fiables que permitan el envío de las mismas. En línea con LACOMBA (2006), la asociación entre el fenómeno migratorio y los procesos de desarrollo constituye un campo de estudio que, hasta la fecha, ha venido produciendo resultados altamente contradictorios[6]. De esta forma, el problema se encuentra, básicamente, en la falta de datos sobre la migración y su verdadero alcance en los países emisores, y en la inexistencia de una teoría que explique de forma global la migración internacional[7].

Por otra parte, existe cierto temor a que ahora la recesión económica pueda afectar al consenso sobre la contratación de trabajadores extranjeros. Es común ver cómo en Europa, como en el caso italiano, los partidos populistas anti-inmigración sugieren congelar la programación anual de flujos migratorios llegando a proponer en su lugar la expulsión inmediata de aquellos inmigrantes que pierdan el puesto de trabajo durante la crisis[8]. Afortunadamente, hay también posturas contrarias a esta solución radical. Algunos sectores se han visto más afectados por la crisis que otros, como en el caso de la construcción o los servicios. Sin embargo, también es cierto que la demanda de trabajadores extranjeros altamente cualificados, o artesanos especializados, podría mantenerse e, incluso, incrementarse[9].

Lo que sí es cierto es que con coyunturas tan complejas como la que se da ahora mismo en España y en el resto de países europeos se pone de manifiesto, aún en mayor medida, la importancia y la urgencia de llevar a cabo estudios rigurosos sobre cómo gestionar el problema de manera efectiva sin que eso signifique recortar derechos sociales a la población inmigrante.

2. La movilidad laboral en economías desarrolladas

Una de las prioridades a analizar por parte de los países de destino consistirá, por tanto, en identificar las ventajas que ofrece la movilidad, sobre la base de una migración circular de trabajadores, como uno de los aspectos clave para mejorar la gestión de los flujos. Por tanto, la movilidad, tanto geográfica como entre sectores de actividad, y tanto de los trabajadores nativos como de los inmigrantes sería uno de los elementos más importantes, así como ver el grado de adaptabilidad de los trabajadores a las necesidades del mercado y el impacto positivo que éste pueda tener para la economía, puesto que es un hecho que la mayor movilidad de los trabajadores está teniendo ya efectos favorables para combatir la crisis.

Sin embargo, la capacidad correctora de los desajustes en el mercado se encuentra en estrecha relación con la mejora de las cualificaciones y los niveles formativos, puesto que el tránsito entre ocupaciones poco cualificadas y de mayor cualificación requiere que los trabajadores cuenten con la formación adecuada. En este sentido, en el caso de la movilidad laboral la cualificación o el nivel formativo de los trabajadores constituye un elemento diferenciador. Partiendo del supuesto de que la tendencia a que se produzcan mayores desajustes en el mercado requiere de una mayor flexibilidad de la fuerza de trabajo, conviene realizar un análisis exhaustivo por parte de los actores implicados sobre el grado de adaptabilidad de los trabajadores para, de esta forma, verificar si realmente en tiempos de crisis la aportación extra de trabajadores con niveles altos de formación es fundamental para reactivar la economía y favorecer su recuperación.

Analizar en profundidad las características del mercado laboral en España, el impacto de la crisis económica por sectores de actividad y las nuevas características de los flujos migratorios como consecuencia de las cambiantes necesidades del mercado de trabajo es una cuestión de primer orden, con el objetivo de vislumbrar si, efectivamente, es recomendable plantear una mayor permisividad en las fronteras para facilitar la llegada de inmigrantes cualificados, en el marco de las nuevas propuestas comunitarias en las que, con el fin de evitar la fuga de cerebros (brain drain) por sus efectos negativos en los países de origen, se apueste por una inmigración de carácter circular, referida a una inmigración concebida no como flujo unidireccional, sino como un flujo de doble dirección, donde países de acogida y de origen se encuentran implicados por igual y, por consiguiente, se beneficien mutuamente de esta dinámica ‘regeneradora’.

3. Las relaciones de cooperación en el Mediterráneo

Partiendo del Factor Demográfico como condicionante estructural de la Sociedad Internacional y estableciendo la correspondiente interdependencia, es importante destacar cómo la presión demográfica en la region mediterránea y los movimientos de población hacia el norte actúan como elementos desestabilizadores, afectando y repercutiendo en el comportamiento de los actores internacionales implicados y, por consiguiente, en el tipo de relaciones que entre ellos se establecen, alterando, en última instancia, la dinámica de la Sociedad Internacional.

Por tanto, el factor humano se convierte en una variable decisiva que altera el curso de las relaciones que se establecen entre los actores, desempeñando entonces la migración un papel fundamental para que las relaciones establecidas no deriven hacia formas indeseadas, puesto que la mayor o menor presión migratoria que los países receptores tengan que soportar será decisiva para establecer las relaciones que se estimen adecuadas entre éstos y los países emisores de inmigración.

Se entiende que el tipo de relación establecida la Unión Europea como actor internacional y los países del norte de África es de carácter asociativo, y que se encuentra a caballo entre el conflicto y la cooperación dependiendo del momento histórico y que, asimismo, puede derivar hacia cualquiera de estas dos formas de contacto entre los participantes, puesto que en este marco de negociación el principal objetivo es el de garantizar la coexistencia pacífica entre los dos bloques, permitiéndose ciertos niveles de violencia, siempre que no se ponga en peligro la existencia de la Sociedad Internacional, y ciertos niveles de cooperación, pero sólo para garantizar la existencia de los actores dependientes (en este caso, los del Norte de África). En este sentido, a medida que aumenta la presión demográfica entre los actores implicados se desvirtúa el tipo de relación que se establece entre ellos, la cual queda plasmada con la proliferación de medidas restrictivas conducentes a impedir la llegada de nuevos inmigrantes.

De que se refuercen las actuaciones solidarias o se insista en los elementos de tensión, dependerá el proceso que conduzca a encontrar una salida a la trampa en que se encuentran los inmigrantes, acorralados por las políticas restrictivas y policiales en los Estados receptores, pero reacios a renunciar a escapar del todavía más precario destino que les siguen ofreciendo sus países de origen.

En este sentido, es conveniente realizar un recorrido por los distintos obstáculos que se han interpuesto en el camino de la cooperación y que en definitiva explican el escaso alcance que han tenido las medidas puestas en marcha dentro del marco del Diálogo Euro-Mediterráneo para intentar estabilizar a los países magrebíes, en un intento por controlar la presión migratoria. Y es que es precisamente esta necesidad por parte de la Unión Europea de promover las reformas en los países magrebíes, anteponiendo el statu quo a la promoción de la democracia, lo que ha dotado de incoherencia y debilidad a todo el enfoque comunitario, limitando los efectos positivos de la política emprendida hacia la región.

Urge ya, por tanto, establecer la correspondiente relación entre los conceptos migración y desarrollo, puesto que más que ser contradictorios, son complementarios y, por ello, deberían formar parte de una misma estrategia para alcanzar el objetivo principal, mejorar la calidad de vida en los países emisores, mejorando, por extensión, la gestión de las migraciones y permitiendo, asimismo, satisfacer las necesidades de los mercados europeos, demandantes de mano de obra cualificada. Para CHUECA SANCHO (2007), “nadie puede desconocer actualmente la relación entre desarrollo e inmigración”[10].

Por consiguiente, es necesario corroborar ya si a estas alturas los países emisores de inmigración pueden establecerse como modelo de desarrollo original para consolidarse con garantías democráticas y con autonomía en el contexto internacional, permitiendo satisfacer, a su vez, las demandas, necesidades y aspiraciones de sus poblaciones al bienestar, a la democracia y a la igualdad de oportunidades.

Conviene aquí replantearse las siguientes cuestiones: ¿están los gobiernos de los países emisores de inmigración dispuestos a inducir cambios radicales en sus estructuras políticas para contribuir a su propio desarrollo y, a su vez, implementar sus relaciones de cooperación con los países receptores de inmigración? En este sentido, cabe preguntarse si realmente los inmigrantes pueden seguir esperando que, a pesar de la crisis, se les requiera coyunturalmente para ocupar empleos de baja cualificación que rechaza la población europea progresivamente envejecida y si, en última instancia, prevén las instancias comunitarias en coordinación con los Estados miembros la puesta en marcha de políticas tendentes a inducir cambios reales y profundos en los países de origen para que éstos puedan formar y ocupar su fuerza de trabajo y, sólo eventualmente, satisfacer la demanda de Europa. En cualquier caso, se trata de la aceptación de compromisos en las dos direcciones.

El objetivo más importante, en cualquier caso, debe ser el de establecer la correspondiente relación entre los conceptos Migración y Desarrollo en base al establecimiento de relaciones basadas en la cooperación, con el objetivo de encontrar las claves que permitan de manera satisfactoria minimizar la presión migratoria Sur-Norte, favorecer un crecimiento sostenible en los países emisores de inmigración y generar elementos tendentes a garantizar la estabilidad en toda la región mediterránea.

[1] Sobre las distintas regularizaciones extraordinarias llevadas a cabo en España consúltese DE BRUYCKER, P.: “Regularización y Política Migratoria en Europa” en Ciudadanía Europea e Inmigración, Revista Cidob d´Afers Internacionals, 2001, nº 53; Véase también ARANGO, J. y SUÁREZ, L: La regularización de extranjeros del año 2000, Centro para Estudio de las Migraciones y la Ciudadanía, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, 2002; TORRES, F.: “La regularización extraordinaria. Luces y sombras”, Página Abierta, nº 160, junio de 2005.

[2] DE LA DEHESA, G.: Comprender la inmigración, Alianza, Madrid, 2008; para una revisión de los distintos estudios llevados a cabo véase VICÉNS OTERO, J.: “Impacto económico de la inmigración sobre el mercado laboral”, Instituto L. R. Klein-Centro Gauss, Universidad Autónoma de Madrid, abril de 2005.

[3] PAJARES, M.: Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2009, Documentos del Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2009.

[4] Ibidem. A pesar de que los datos analizados corresponden a 2007, siguen siendo representativos, puesto que en un contexto de crisis acentuada, se presupone aún más necesidad.

[5] World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011, Washington DC, 4 de noviembre de 2010.

[6] LACOMBA, J.: “¿Son las migraciones un factor de desarrollo?” en Geografías del desorden. Migración, alteridad y nueva esfera social, Servei de Publicacions, Valencia, 2006, pág. 99.

[7] LACOMBA, J. Op. cit. pág. 100.

[8] FINOTELLI, C.: Inmigración y crisis económica en Italia en Dossier Inmigración y Crisis, CGT, Materiales del Ateneo Confederal sobre/contra la Crisis, nº 5, enero de 2009, pág. 5.

[9] Ibidem. pág. 6.

[10] CHUECA SANCHO, A. G.: “Ius migrandi y el derecho humano al desarrollo”, ponencia presentada a las Jornadas ‘Codesarrollo y Migraciones: el papel de la cooperación’, Instituto de Estudios para la Paz, noviembre de 2006, publicada en Eikasia, Revista de Filosofía, II 8, enero de 2007, pág. 191.