Panorámica social S.O.S.

A lo largo de las dos últimas décadas, en prácticamente todos los países europeos receptores de inmigración se han ido cambiando de manera progresiva las políticas de inmigración, de manera que donde antes se establecían convenios internacionales para potenciar y asistir la inmigración, se comenzaron a practicar políticas de cierre de fronteras, más limitativas en derechos para los inmigrantes. En definitiva, durante la década de los noventa, las políticas de extranjería de los países de la Unión Europea tomaron un signo claramente limitativo, restrictivo y, por tanto, excluyente.

Su intención siguió siempre la misma tónica: dificultar y restringir al máximo la llegada de nuevos trabajadores inmigrantes haciendo muy difícil, si no imposible en la práctica, el acceso a los permisos de trabajo. Durante este tiempo, exceptuando casos como el de Francia con la Ley Chevènement, el de Italia con la Ley Napolitano, ambas de 1998, o la Ley 4/2000 en España, modificada posteriormente por la Ley 8/2000, la inspiración y la tendencia en la mayor parte de las políticas de extranjería ha seguido siendo básicamente de carácter restrictivo.

En época de crisis, la tendencia natural de toda política de inmigración es a limitar, más aún, la entrada de extranjeros. De nuevo, lo que se observa claramente es que la alarma social frente al inmigrante se traduce en actitudes de prevención político-administrativas. Valga como ejemplo representativo de ese tinte limitativo y oportunista las palabras de Desiderio Martín, del Gabinete de Estudios Confederal de CGT, en las que ilustra con precisión la falta de responsabilidad social que algunos gobiernos adoptan en época de vacas flacas: “Roto el estancamiento de ‘nuevos ricos y ‘todos ricos’, el PSOE, al igual que sus homólogos europeos, aplican el autoritarismo más cruel sobre miles y miles de personas: te hemos explotado –y bien-, te hemos hecho creer que eras importante –nuestras políticas de integración, nuestros ministerio e instituto de inmigración-, nuestras partidas de gasto social dedicadas a la inmigración para los ayuntamientos, nuestra sanidad, nuestra escuela pública… pero hoy migrante pobre y extracomunitario, te recordamos que es nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros trabajos, nuestros…. Y ahora hay ‘escasez’ y tú, inmigrante pobre y extracomunitario, no eres de los nuestros”[1].

En consecuencia, la respuesta a las restricciones ha sido la búsqueda de nuevos cauces para burlarlas[2]. Más bien, estas medidas policiales han alterado las rutas usadas tradicionalmente, procurándose alternativas de viaje más arriesgadas y peligrosas en la mayoría de los casos. Concretamente, lo que se deduce es que el número de muertes registradas en las fronteras de la Unión Europea fueron incrementándose a medida que se iban intensificado las medidas de control policiales[3].

Asimismo, el endurecimiento de las políticas migratorias, más que tener los efectos esperados y conseguir minimizar los flujos,  les imprime a éstos nuevas características, como la feminización, el incremento de la movilidad geográfica o la diversificación de las actividades económicas que, en definitiva, se traducen en un aumento de la invisibilidad y del rechazo hacia el extranjero, alimentado la sensación de inseguridad y, por ende, la delincuencia.

El caso es que a partir de que los efectos de la crisis se comenzaran a notar, el proceso de integración de los inmigrantes en España se ha frenado de manera brusca. Quizás con la pretensión de no parecer tan extremista, el gobierno español ha optado por promover otras medidas, aunque no menos controvertidas. Además de reformas en la Ley de Extranjería encaminadas a la ampliación del período de internamiento de los inmigrantes en situación irregular y la limitación de la reagrupación familiar de los mayores, que se suman a la ya crontovertida Directiva de Retorno aprobada en junio de 2008, ahora la alternativa más de moda es la de proponer el Retorno Voluntario. Sin embargo, estas políticas que estimulan el regreso voluntario de los trabajadores extranjeros desempleados en los países de destino no terminan de alcanzar los objetivos planteados.

Mientras que durante los últimos años los inmigrantes consiguieron ser considerados por la opinión pública como los principales protagonistas del crecimiento económico, aprobándose en febrero de 2007 el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, en septiembre de 2008 el mismo gobierno que aplaudía la importante labor llevada a cabo por este colectivo les proponía el Plan de Retorno Voluntario. Una iniciativa que bien le ha servido a España para volver a acercarse a sus vecinos europeos, que tanto criticaron las regularizaciones masivas de inmigrantes llevadas a cabo hasta 2005.

A pesar de todo, no parece que esta iniciativa haya provocado, hasta el momento, tensiones o ni siquiera malestar con los países de origen de la inmigración. De hecho, países como Ecuador han puesto en marcha programas paralelos y complementarios para facilitar el retorno de sus ciudadanos como el plan ‘Bienvenido a casa’ o el ‘Fondo Cucayo’[4]. No en vano, los ecuatorianos son el colectivo que más ha solicitado el Plan. A 13 de marzo de 2009, de las casi 2.300 solicitudes concedidas, 1.636 correspondían a ciudadanos ecuatorianos, seguidos de colombianos y peruanos, chilenos y uruguayos. Sin embargo, esta complacencia no se aprecia por igual en todos los casos. A medida que la política de migración se acerca a Europa van surgiendo algunos roces. En el caso de los marroquíes, la última encuesta realizada por la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME)[5] desvela que más del 80% de los marroquíes rechaza el plan propuesto por el gobierno español.

Cuando el programa se puso en marcha en noviembre de 2008 había en España un total de 300.000 parados extranjeros que reunían los requisitos, pero sólo 200 de ellos -a la semana- solicitaron acogerse al plan. Uno de los colectivos de inmigrantes más numeroso, el rumano, no era eligible para optar a dicho programa[6], mientras que los marroquíes lo rechazaron aconsejados por las distintas asociaciones, alertándoles de que tendrían que abstenerse de volver a entrar a España durante tres años, aún en el caso de que sus empleadores quisieran volver a contratarlos superado el bache de la crisis[7]. Más tarde, ya en junio de 2009, cuando se contabilizaron 136.000 extranjeros desempleados que reunían los requisitos para solicitar este plan, sólo 10.000 se habían acogido al mismo en noviembre[8]. Datos más recientes relativos al grupo marroquí publicados en la prensa del país alauita cifraban en un total de 150.000 los retornados como consecuencia de la crisis económica[9].

Lo cierto es que la situación que atraviesa actualmente España, con el récord histórico de desempleados, ha ayudado a minimizar cualquier impacto negativo que estas iniciativas hayan podido provocar en los países emisores de inmigración.

Las primeras medidas puestas en marcha para llevar a cabo este plan fueron contundentes. El Ministerio de Trabajo e Inmigración anunció en marzo del año pasado la reducción en casi un 30% del presupuesto destinado a la integración de los inmigrantes, de la misma manera que incrementaría los fondos para las ONG con el objetivo de que pudieran desarrollar con más facilidad los programas de ayuda pensados para facilitar el regreso a los inmigrantes. “En este contexto, la asimilación de políticas europeas puede considerarse como una oportunidad para establecer un modelo de limitación de flujos, medidas más restrictivas y reducción de algunas de las ventajas existentes (…). Es posible, entonces, que aprovechando la crisis, el gobierno español diseñe una política de migración y un modelo de integración más europeo y culpe de las nuevas limitaciones a Bruselas”[10].

En Plan de Retorno Voluntario consiste principalmente en que el gobierno español abona el seguro de desempleo en dos pagos, uno (del 40%) antes del retorno y otro (del 60%) al llegar al país de origen del inmigrante. Sin embargo, al margen de las pretensiones gubernamentales, es importante considerar otros aspectos que nos ayudarían a comprender el escaso éxito alcanzado por esta iniciativa, además de que el plan exige la pérdida del permiso de residencia y el compromiso de no solicitar ninguna nueva autorización de residencia o trabajo en los tres años siguientes a la fecha de concesión.

El caso es que con la excusa de la crisis bajo la manga, el gobierno español ha comenzado una andadura de modificaciones trascendentales para poder hermanar su política de migración con la de sus socios europeos. Lo que debemos cuestionarnos es si una vez sobrevivamos al temporal de la crisis cabe esperar que España regrese de nuevo a la bilateralidad, como principal eje articulador de las políticas llevadas a cabo en esta materia durante los años de bonanza económica. O si, por el contrario, permanecerá al lado de Bruselas continuando con el proceso de asimilación a las directivas europeas que ahora emprende, aún a costa de sus necesidades particulares.

En este sentido, cabe preguntarse si realmente los inmigrantes pueden esperar que se les requiera coyunturalmente para ocupar esos empleos de baja cualificación que rechaza la población europea progresivamente envejecida y si, en última instancia, prevén las instancias comunitarias en coordinación con los Estados miembros la puesta en marcha de políticas tendentes a inducir cambios reales y profundos en los países de origen para que éstos puedan formar y ocupar su fuerza de trabajo y, sólo eventualmente, satisafcer la demanda de Europa.

[1] MARTÍN, D.: “La Ley de Extranjería y el puro y duro racismo de los Estados de la UE”, Dossier Inmigración y Crisis, CGT, Materiales del Ateneo Confederal sobre/contra la Crisis, nº 5, enero de 2009, disponible en http://www.cgt.org.es/IMG/pdf/Crisis_5rbo.pdf

Fecha de consulta: 11/08/2010.

[2] Sobre la entrada de inmigrante irregulares en España véase CUTTITA, P.: “The case of the Italian Southern Sea Borders, ¿cooperation across the Mediterranean?” en Immigration flows and the Management of the EU´s southern maritime borders, PINYOL, G. (ed.), documentos Cidob, serie Migraciones, nº 17, Barcelona, diciembre 2008, pp. 45-62, texto disponible en

www.cidob.org/es/content/download/8449/86208/file/doc_migraciones_17.pdf

MIR, M.: “Gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea: FRONTEX y los desafíos que plantea la inmigración irregular” en La dimensión exterior de las políticas de inmigración en la Unión Europea, V Seminario Inmigración y Europa, Fundación Cidob, 2008, pp. 129-138;

[3] SPIJKERBOER, T.: “The Human Costs of Border Control”, Europen Journal of Migration and Law, 2007, pág. 136.

[4] Información relativa a estas iniciativas puede consultarse en http://www.senami.gov.ec/content/view/53/134/

[5] http://www.atime.es/

[6] Los nacionales de países de la Unión Europea no pueden acogerse, por lo que los rumanos quedan excluidos. La mayor parte de los países latinoamericanos de los que recibimos flujos de inmigración tienen suscrito este convenio con España, a excepción de Bolivia. Marruecos es el único país africano que lo tiene, lo que supone que quedan excluidos algunos países subsaharianos importantes emisores de inmigración en nuestro país, como Senegal.

[7] MARTIN, P.: “Recession and Migration: A New Era for Labor Migration?”… Op. cit.

[8] OCDE: Recent Changes in Migration Movements and Policies (Country Notes)… Op. cit.

[9] BENTALEB, H.: “150.000 marocains d’ Espagne retournent ou Maroc”, artículo publicado en el diario Libération el 18 de agosto de 2010, disponible en http://www.atime.es/pdfs/liberation.pdf

[10] TEDESCO, L.: Inmigración y Política Exterior: desafíos frente a la crisis económica, Policy Brief, FRIDE, nº 22, enero 2010, disponible en www.fride.org/download/PB_Spain_Immigration_ESP

Fecha de consulta: 09/08/2010.