Panorámica social S.O.S.

El verano de 2010 ha estado marcado en Francia por el anuncio de Nicolas Sarkozy de expulsar del país en un plazo de tres meses a 700 personas de origen rumano y búlgaro, mayoritariamente de etnia gitana, que residían de manera irregular. Un hecho que no habría de tener una trascendencia como la que ha tenido por tratarse de una medida que se realiza de manera regular y que está acorde con la ley francesa y con las directrices de la Unión Europea.

Sin embargo, el impacto que ha tenido en la prensa y en la opinión pública la decisión del Ejecutivo francés podría ser precisamente el objetivo perseguido por Sarkozy, quien habría visto en la cuestión de la inmigración un filón para movilizar al electorado francés, encender el debate político y hacer olvidar otros temas como el caso Bettencourt, por el que se acusaba al ministro de Trabajo, Eric Woerth, de haber cometido conflicto de intereses durante el tiempo que ostentó la cartera de Presupuesto.

La necesidad de buscar una nueva estrategia surgió en marzo de este año, cuando los resultados de las elecciones regionales en Francia advirtieron a la Unión por un Movimiento Popular de Sarkozy de que el mantenimiento de su mayoría en el Parlamento tras las elecciones de 2012 estaría en riesgo debido a la reorganización de un Partido Socialista con la mayoría de las regiones en su poder y al nuevo impulso del Frente Nacional. A esto se le habrían de unir las voces de disenso en su propio partido (en concreto la del ex primer ministro Dominique de Villepin, que anunció en junio el nacimiento de una nueva formación política, República Solidaria), las encuestas mostrando una caída continuada de la popularidad del Presidente de la República y, por último, el escándalo Bettencourt, que por un tiempo llegó a involucrar directamente a Sarkozy.

Los disturbios del fin de semana del 17 al 18 de julio en dos localidades diferentes entre la policía y jóvenes de etnia gitana se le presentaron al Ejecutivo francés como la excusa idónea para cambiar su discurso sobre la inmigración. En dos anuncios, el primero tras una reunión interministerial y el segundo durante una conferencia en Grenoble, el presidente francés pudo aunar las dos directrices de su política inmigratoria: la expulsión de los inmigrantes en situación irregular y el endurecimiento de las condiciones para conseguir la nacionalidad francesa a los residentes regulares.

Pero estos anuncios no suponen en realidad un antes y un después en la política migratoria francesa. De hecho, las expulsiones de inmigrantes irregulares se producen en Francia, como en otros países comunitarios, de manera habitual. En 2009, fueron 29.288 las personas expulsadas, de las cuales más de 9000 eran de etnia gitana. En lo que va de 2010, la cifra referente a la población romaní podría estar aproximándose ya a la del año pasado (en algo más de mes y medio desde que se anunciaran las expulsiones, se habrían superado ya las 1.000 personas originarias de Rumanía y Bulgaria que habrían tenido que abandonar Francia). En cuanto al establecimiento de nuevos supuestos para retirar la nacionalidad, se trata en principio de un proyecto de modificar el código civil que deberá ser sometido al trámite parlamentario correspondiente y que viene precedido por otros debates referidos a la población inmigrante, como el de la identidad nacional o el uso del velo integral en espacios públicos.

Ni las propuestas de Sarkozy son nuevas ni los cambios realizados son tan grandes, pero sí que ponen en el centro de mira a un colectivo, el de los inmigrantes, más susceptible de ver sus derechos vulnerados o de sufrir discriminación. El camino seguido por el Ejecutivo francés, aunque no represente una novedad, sí que ha optado por intensificar el debate político en torno a la cuestión de la inmigración, algo que como han denunciado parte de quienes se han mostrado contrarios a estas propuestas puede derivar en estigmatización de una comunidad o en el fomento del racismo en un país que tradicionalmente ha acogido a población de otros países y que tiene en su presidente, hijo de inmigrante húngaro, un ejemplo de ello.

De hecho, Francia se encuentra entre los cinco primeros países europeos con más cantidad de inmigrantes (más de 3 millones de las personas que residen en Francia lo son, lo que supone alrededor del 5% total de la población). La libertad de movimiento y las facilidades para residir y trabajar hacen que la inmigración tenga como principal punto de origen la Unión Europea, seguida por los tres países del Magreb con los que Francia mantiene lazos históricos (Argelia, Marruecos y Túnez, por este orden).

Rumanía y Bulgaria están lejos de ser los principales puntos de origen de la inmigración comunitaria en Francia (que siguen siendo Italia, España y Portugal). No obstante, las disposiciones transitorias establecidas en el momento de su adhesión al espacio europeo, en 2007, aún están vigentes en algunos países, y podrían estarlo hasta 2012, como ocurre en Francia, por lo que su acceso al mercado de trabajo es más restringido que para los ciudadanos de otros países europeos, al igual que ocurre con el derecho de libre residencia, lo que hace posible estas expulsiones.

A pesar de que las expulsiones de inmigrantes irregulares están contempladas por la Unión Europea (que recoge desde 2005 algunas medidas al respecto, como la necesidad de seguir un proceso transparente u optar por el retorno voluntario antes de que sea necesario expedir una orden de expulsión), lo que está ocurriendo en Francia ha originado una reacción especial por varias razones. Por una parte se pone en duda que las expulsiones se estén realizando conformemente a la legislación europea, lo que ha conducido finalmente a una amenaza de la UE de expedientar a Francia. Por otra, se podría temer una suerte de ‘efecto contagio’ del discurso del Ejecutivo francés en otros países europeos, lo que conduciría a posicionar a la opinión pública en contra de estas poblaciones. Finalmente, se ha vuelto a poner de actualidad el debate sobre si se están empleando todos los medios necesarios para integrar a una comunidad que es tan parte de la Unión Europea como cualquier otra.

En cualquier caso, si algo ha conseguido Sarkozy con esta polémica ha sido una atención mediática poco propia del periodo estival, con la que se ha propiciado que el Jefe de Estado francés alcance en parte los objetivos perseguidos con su discurso, a saber, que la población francesa olvide otros problemas políticos y movilizar a una parte del electorado francés que apoya este tipo de medidas. Y esto último habría quedado demostrado en un reciente aumento de su popularidad, que ha empezado a repuntar después de haber llegado este año a sus niveles más bajos desde que tomara la presidencia en 2007. Aun así, las encuestas no llaman al optimismo del presidente, pues también demuestran que ahora mismo cualquiera de los candidatos socialistas que se barajan de cara a las elecciones de 2012 obtendría más votos que Nicolas Sarkozy.