Panorámica social S.O.S.

El papel central de la familia como agencia de prestación de asistencia y la mercantilización de la atención personal mediante el servicio doméstico son los principales rasgos de la provisión de cuidados en España. La literatura académica internacional de la última década así lo ha reconocido e incluso ha destacado con análisis comparativos con respecto a otros países europeos como, en Europa del Sur, la parentela se convierte en la institución sobre la que descansa el bienestar. Los datos de la última “Encuesta de Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia” (INE, 2009) demuestran la importancia de la familia en la prestación de asistencia. El 88% de los cuidadores principales son un miembro del hogar. Pero si la red familiar no puede por sí misma afrontar los cuidados de las personas dependientes (niños, ancianos, adultos enfermos…) o dispone de los medios económicos suficientes, la estrategia es la contratación de una empleada de hogar. El empleo doméstico es cuidador principal en el 6,4% de las situaciones y se estima que un 14,5% de los adultos mayores con dependencia utilizan este recurso. Aunque la cifra puede considerarse escasa en comparación con el número total de hogares que necesitan trabajo de cuidados, esta privatización ha tenido un gran impacto sobre el servicio doméstico, sobre el colectivo de personas que se ocupan en esta actividad, sobre los receptores de los cuidados y sobre la política social destinada a la protección de la dependencia.

Por un lado, ha convertido al servicio doméstico en un “nuevo servicio de hogar”, especialmente dirigido a las personas mayores y al que cabría calificar como un “servicio doméstico del envejecimiento”. Por otro, ha visibilizado los límites del servicio doméstico tradicional. La intensidad de trabajo que requieren los cuidados modifica las clásicas relaciones entre las familias empleadoras y las empleadas, señala la escasez de personas dispuestas a trabajar en esta actividad y demuestra la necesidad de importar mano de obra inmigrante.

La repercusión de este empleo sobre la población extranjera femenina ha sido tan elevada que el trabajo de cuidados no profesional se ha convertido en su puerta de entrada al mercado laboral español. El impacto de su demanda ha convertido a esta actividad en la de mayor contribución al desarrollo económico desde el estallido de la crisis en el año 2007. Del año 2007 al año 2008, aumentó un 6,4% su número de trabajadores, y a pesar de que su crecimiento ha sido más pausado en el período 2008-2009, todavía presenta valores positivos (un 1,1%). Y la tendencia continúa si se desciende al nivel de ramas de actividad: los hogares que emplean personal doméstico han crecido un 1,6% del 2007 al 2008 y un 3,1% en la variación anual 08/09.

La acelerada llegada de flujos migratorios en esta primera década del siglo XXI altamente feminizados y en situación irregular ha propiciado la extensión del servicio doméstico. Barato y flexible, este modelo de cuidados basado en la incorporación de una migrante a la familia, se ha silenciado en el ámbito legislativo. La Ley 39/2006 conocida como Ley de Dependencia no incorpora su figura. Sin embargo, ante la inexistencia de otras alternativas este proceso de mercantilización parece imparable. Entre los efectos no previstos de las prestaciones económicas de esta ley se ha detectado la inversión de los subsidios en la contratación de mujeres inmigrantes en la economía sumergida, por lo que esta normativa ha revertido en el fomento de un mercado de cuidados irregular.

La tendencia hacia la privatización dependerá, además de la naturaleza de la protección social, de otros factores como la participación laboral de las mujeres nativas y el modelo migratorio existente en cada territorio. El análisis a nivel regional de las estrategias de provisión de cuidados y su reparto entre el estado, la familia y el mercado ha corroborado la existencia de variados contextos de cuidados que se representan en la tabla de la página siguiente. El resultado es que la contratación más relevante de empleadas de hogar se produce en los lugares de amplia protección social pública y elevada participación laboral femenina (Baleares, Valencia, Navarra, Murcia, La Rioja y País Vasco). En contraposición, el sistema familista más puro prospera tanto en las comunidades más escasas de apoyo estatal (Canarias y Galicia) y también sorprendentemente en las que la cobertura del servicio de ayuda a domicilio es más extensa (Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha, Cataluña, Castilla y León, Asturias) y los subisidios económicos para cuidados familiares son elevados (Andalucía, Aragón y Cantabria). Es decir, la red de servicios sociales en España, incluso en sus versiones más desarrolladas, no destituye a las familias de ejercer como cuidadoras si el entorno no ofrece otras fórmulas de provisión.

Destacan en este panorama los casos de La Rioja y el País Vasco. Estas regiones acogen la situación más equilibrada de provisión de cuidados con una elevada participación de los servicios sociales (el servicio de ayuda a domicilio tiene una cobertura del 44,1% entre los mayores de La Rioja y en el País Vasco esta cifra es del 35,2%), las prestaciones económicas, la contratación de servicio doméstico y la atención familiar. Resalta el hecho de que poseen una amplia protección social que lejos de inhibir la demanda de cuidadoras en el régimen doméstico como la lógica podría indicar, representan los porcentajes más elevados de contratación de empleadas de hogar. En el caso del País Vasco este peso es del 26,0% y en el de La Rioja es del 22,2%, superando ampliamente el 14,5% de la media estatal. La amplia cobertura de los servicios sociales en ambas comunidades, la proliferación de transferencias económicas y la más elevada representación de cuidadoras en el servicio doméstico ha determinado que sean las familias de estas regiones las que puedan escoger con más libertad si desean ser ellas quienes cuiden o si prefieren delegar esta asistencia. Es decir, en estas regiones las opciones de cuidados son las más diversas y variadas de todo el estado. La escasa tasa de paro femenina impone la tendencia hacia la mercantilización pero, sin duda, lo que más destaca de esta opción es que la existencia de una adecuada protección social no mitiga la externalización en el cuidado doméstico, sino que por el contrario, la refuerza. Los mayores niveles de bienestar y cohesión social son, por tanto, indicadores de la extensión del sector doméstico de cuidados.

Clasificación de las estrategias de cuidado para las personas mayores en España

Fuente: Martínez, R. (2010), “La reorganización de los cuidados familiares en un contexto de migración internacional”, Cuadernos de Relaciones Laborales (en prensa).