Panorámica social S.O.S.

Las personas inmigrantes con discapacidad en España constituyen un colectivo de difícil definición debido a su heterogeneidad y los inexistentes o inadecuados registros estadísticos que lo analicen. Es una población, sin embargo, que requiere ser estudiada en profundidad para desarrollar políticas y recursos acordes a sus necesidades que mejoren sustancialmente su realidad: la doble vulnerabilidad o doble discriminación que sufren a la hora de integrarse social y laboralmente, ya que ambas características (inmigración y discapacidad) son factores potenciales de exclusión.

Entendemos por inmigrante con discapacidad a aquella persona que ha llegado a España procedente de otro país con el fin de establecerse como residente de forma más o menos permanente y que posee limitaciones funcionales en el desarrollo de sus actividades, ya sean inherentes a su discapacidad o relacionadas con los obstáculos y barreras sociales, así como a la accesibilidad a recursos y servicios en igualdad de condiciones. En este sentido, se estima[1] que existen aproximadamente unos 225.000 inmigrantes con discapacidad residiendo en España, representando aproximadamente un 5% del total de extranjeros que habitan en nuestro país. En un 73,7% de los casos poseen un grado de discapacidad del 33% o superior, estando el segmento mayoritario constituido por los hombres de entre 20 y 35 años. El número de mujeres inmigrantes con discapacidad es menor aunque, en promedio, su grado de discapacidad es mayor que el de los varones.

La situación de la población que analizamos en relación con la integración social se ve afectada por variables como el momento de aparición de la discapacidad, su situación socioeconómica y familiar, aspectos culturales relacionados con el mismo concepto de discapacidad como la ocultación o no de la misma, barreras lingüísticas, la pertenencia a redes de apoyo social (redes solidarias transnacionales, asociacionismo, etc.), su situación administrativa (permisos de trabajo y/o residencia en vigor), etc.

De hecho, pensando en esta última variable, los condicionantes relacionados con el proceso migratorio tienen una presencia superior que aquellos vinculados a la discapacidad a la hora de integrarse en la sociedad. Así, es la situación jurídica (regularidad administrativa) la que determina el acceso a derechos sociales mínimos: es necesario un permiso de residencia en vigor para iniciar los trámites de reconocimiento oficial de la discapacidad, que conlleva el acceso a la atención social y sanitaria necesaria. Por lo tanto, si la población inmigrante ya se encuentra de por sí en una situación de discriminación jurídica, tener una discapacidad agudiza la posición de desventaja, ya que su acceso a recursos de atención se limita al ofrecido por entidades no lucrativas.

Además, los niveles de inserción laboral de las personas inmigrantes con discapacidad son muy inferiores a los de las personas autóctonas con discapacidad. En los casos en que existe dicha inserción laboral la situación es de mayor precariedad: salarios más bajo, mayor temporalidad e incluso ausencia de contrato. Muy relacionado con este punto está la cuestión de la adquisición de la discapacidad durante el viaje migratorio o incluso una vez en España, lo que trunca las expectativas laborales y vitales del inmigrante, acarreando elevados niveles de frustración y con una clara repercusión en su integración real. En aquellos casos en los que el inmigrante ya poseía la discapacidad antes de llegar a España, su situación mejora con respecto a aquella que poseía en su país de origen ya que, entre sus objetivos prioritarios, se encontraba precisamente el acceso a una mejor atención en razón de su discapacidad.

Anejo al aumento de los flujos migratorios y la progresiva implantación de poblaciones de origen inmigrante en España, ha aumentado también el número de personas con discapacidad residentes en nuestro país. Esto ha supuesto un importante reto de adaptación y coordinación de los programas y servicios sociales, cada vez más especializados y flexibles, aunque aún con lagunas en las estructuras de coordinación y trabajo en red que requieren los recursos de atención a inmigrantes y aquellos de atención a personas con discapacidad para atender a estas poblaciones. En una situación similar se encuentran las políticas públicas de integración de inmigrantes que carecen de un eje transversal que integre a las personas con discapacidad. De hecho, a excepción del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la discapacidad no se recoge como prioridad transversal en la igualdad de trato.

En la misma línea, la ausencia de un marco normativo que garantice la cobertura de prestaciones básicas a personas inmigrantes con discapacidad, podría incluso entrar en contradicción con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptado por Naciones Unidas en 2006.

[1] Díaz Velázquez, Eduardo; Huete García, Agustín; Huete García, María de los Ángeles y Jiménez Lara, Antonio: Las personas inmigrantes con discapacidad en España. Documentos del Observatorio Permanente de la Inmigración, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2008.