Panorámica social S.O.S.

Mientras vivimos las semanas previas a la huelga general convocada por los sindicatos para el próximo 29 de septiembre a través de la cual quieren mostrar de forma rotunda su oposición a la reforma laboral en curso, un colectivo de trabajadores, casi como excepción, alza la voz a su favor: el de las personas con discapacidad.

La precariedad laboral ha sido una de las señas de identidad de este grupo social a lo largo de su historia. Sin embargo, como se verá haciendo un breve repaso a cifras recientes, diversas políticas de integración, anteriores a esta reforma laboral, han supuesto ya un importante impulso a la mejora de la empleabilidad de este colectivo.

Las dificultades de acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad no tienen un único por qué. Escasa formación, falta de confianza en sí mismos y dificultad para aceptar la propia discapacidad así como falta de apoyo familiar, son algunos de los factores más decisivos. En el otro lado, el de la empresa, encontramos, a menudo, ideas preconcebidas acerca de la capacidad del aspirante para cumplir satisfactoriamente con el puesto o una errónea asociación entre discapacidad y enfermedad y, por lo tanto, baja laboral. El desconocimiento de las bonificaciones del Gobierno, que en ocasiones lleva al empresario a no cumplir con las cuotas de reserva, es otro de los motivos más habituales.

Cuando hablamos no ya de hacerse con un puesto de trabajo, sino de conseguir que éste se alargue en el tiempo y aspirar a una renovación de contrato en su caso, aparecen nuevas dificultades, como posibles problemas del empleado para adaptarse al entorno laboral e integrarse en él a largo plazo.

La precariedad laboral de este colectivo se traduce en una alta tasa de desempleo, especialmente en personas con discapacidad psíquica, y una clara preponderancia de los contratos temporales.

Ante estas circunstancias, el colectivo de personas con discapacidad ha acogido con agrado algunas de las medidas introducidas por la misma reforma laboral que mantiene en pie de guerra a gran parte del país. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) exponía recientemente de qué forma afectan algunas de las medidas introducidas al colectivo que representa.[1]

Entre otros aspectos, son destacables el mantenimiento de las bonificaciones de la Seguridad Social en favor de la contratación de trabajadores con discapacidad que mantiene intactos tanto el régimen jurídico como el importe de las mismas tanto para contrataciones indefinidas como temporales; la sustitución del término ‘minusválido’ de forma oficial por ‘persona con discapacidad’, a causa de las connotaciones negativas del primero, así como la obligación de las agencias de colocación respecto al cumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal. También se fomenta la creación de contratos para la formación para personas con discapacidad aumentando las facilidades de la empresa en cuestión y la firma de contratos de fomento de la contratación indefinida.

Las voces del colectivo[2] afectado por las medidas, se alzaban el pasado 25 de agosto, día en el que el Senado aprobaba el texto, mostrando su conformidad ante el incremento de medidas especialmente relevantes y positivas en pro de la empleabilidad de las personas con discapacidad.

El mandato al Gobierno para la actualización de la relación laboral de carácter especial de personas con discapacidad en centros especiales de empleo que adapte la misma a las circunstancias sociales actuales, es una de las medidas a tener en cuenta, ya que ésta ha permanecido sin modificaciones durante el último cuarto de siglo.

También resulta destacable el hecho de que se abogue por la revisión de la situación de las personas con inteligencia límite que pueden mostrar dificultades a la hora de desarrollar sus funciones a pesar de no alcanzar el 33% de grado de discapacidad.

Estas reformas -que aún deben ser ratificadas en el Congreso de los Diputados en el proceso de aprobación definitiva a la que se someterá la reforma laboral en los próximos días-, de ponerse en marcha con rigor, vendrían a reforzar las líneas de trabajo establecidas en la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad, iniciada en marzo de 2009 con una inversión de 3.700 millones de euros, 41,7 de los cuales fueron destinados al fomento de los centros especiales de empleo.

Aunque la dificultad de las personas con discapacidad para acceder al mercado de trabajo sigue siendo innegable, la situación del colectivo en cuestiones laborales ha mejorado sensiblemente.

Durante el primer semestre del presente año, el empleo de personas con discapacidad[3] ha aumentado un 19,2% -29.606 personas han sido contratadas frente a las 24.832 contratadas en el mismo periodo de 2009-. Por su parte, la contratación en centros especiales de empleo ha aumentado un 30,5% respecto al año anterior en el periodo señalado.

Parece evidente pues el impulso de medidas integradoras de este colectivo tradicionalmente marginado en cuestiones laborales, pero ¿qué hay de las condiciones de trabajo del grueso de la población activa?

La otra cara de la misma moneda es el conjunto de medidas que ha impulsado a los sindicatos a convocar una huelga general y que marcarán el devenir de los trabajadores de nuestro país en un futuro inmediato.

Frente a la conformidad del colectivo de personas con discapacidad ante la llegada del texto que nos sobreviene, o al menos ante las medidas que les afectan directamente, Comisiones Obreras (CCOO), uno de los sindicatos convocantes de la huelga, lo definía recientemente como “la mayor agresión a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras desde el inicio de la democracia”.[4]

Políticas contenidas en la reforma, como la facilitación y el abaratamiento del despido, muestran un claro debilitamiento de los derechos sociales, y explican la contundencia de semejante afirmación.

Entre las reformas más denostadas, se encuentran la reducción de la indemnización por despido de 45 a 33 días por año trabajado y la posibilidad con la que cuenta la empresa de introducir modificaciones de forma unilateral en las condiciones laborales referidas a turnos, funciones, horario… si puede alegar posibilidades de mejora empresarial, entre otras.

Estos son los puntos negros señalados por ese otro colectivo que también sufre cada día más los estragos de la precariedad laboral y que ahora más que nunca, con una tasa de desempleo del 20,09%[5] -segundo trimestre de 2010-, y en medio de una crisis económica que no afecta sólo al empresario, se ve en una situación de creciente desprotección y ausencia de garantías.

Así pues, los trabajadores españoles están a la espera de la ratificación de un mismo texto que responde de una forma u otra a dos reivindicaciones históricas que en esta ocasión no van de la mano: el avance de los derechos de los trabajadores y la necesaria integración de las personas con discapacidad a una sociedad que también les pertenece.

 

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[1] Cabra de Luna, Miguel ángel: Informe sobre la Reforma Laboral operada por el Real Decreto 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, y su incidencia sobre las personas con discapacidad; Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Madrid, 18 de junio de 2010.

[2] El Cermi aplaude que la reforma laboral incorpore medidas en favor del empleo para personas con discapacidad; Europa Press, Madrid, 25 de agosto de 2010.  Recurso consultado el 26 de agosto de 2010 en la página Web de Europa Press.

[3] Aumenta un 19% el empleo en personas con discapacidad; Ministerio de Sanidad y Política Social, Madrid, 25 de agosto de 2010. Recurso consultado el 30 agosto de 2010 en la página Web del Ministerio de Sanidad y Política Social.

[4] CCOO llama a los trabajadores y trabajadoras a participar en la huelga general el próximo 29 de septiembre contra la reforma laboral y los recortes sociales; Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Madrid, 04 de agosto de 2010. Recurso consultado el 29 de agosto de 2010 en la página Web de CCOO.

[5] EPA-2005. Encuesta de Población Activa (metodología 2005); Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 30 de julio 2010. Recurso consultado el 26 de agosto de 2010 en la página Web del INE.