Panorámica social S.O.S.

Un gesto -subirse una de las mangas del pantalón- y un clamor -¡Por un día pongámonos en su zapato!- fueron suficientes para reflejar, el pasado 4 de abril, el rechazo de miles de colombianos ante uno de los peores estigmas que aún marcan el país.

El acto más representativo de esta jornada internacional, declarada por la Organización de Naciones Unidas como el Día para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, tuvo lugar en la plaza bogotana de Simón Bolívar. Allí se instalaron 9.133 zapatos, cada uno de ellos con el municipio, departamento, género y condición de cada una de las víctimas registradas desde 1990 hasta la fecha presente, según las estadísticas del Programa Presidencial colombiano.

Hoy en día, Colombia es el único lugar de Latinoamérica donde se siguen produciendo y enterrando minas antipersonales. Asimismo, es uno de los países -tan sólo por detrás de Camboya y Afganistán- con mayor índice de víctimas afectadas por esta arma letal: 9.133. Detrás de esta escalofriante cifra, 179 niñas soñaban con ser maestras o simplemente mamás, 681 niños querían ser futbolistas o simplemente continuar con el oficio del padre, 273 mujeres aspiraban con dar todo lo mejor a su prole o simplemente sacarla adelante, 2.228 hombres anhelaban generar riqueza o simplemente sobrevivir, 5.715 militares deseaban fervientemente defender su patria o simplemente ganarse el sueldo. Algunas otras víctimas, ni siquiera pudieron ser identificadas. De todos ellos, 1.940 perdieron la vida en el camino y 7.193 quedaron marcados para siempre con terribles secuelas. Otro dato, igualmente desalentador, es que de los 32 departamentos que conforman el Estado colombiano, tan sólo el de Amazonas escapa a este tipo de estadísticas; los demás, en mayor o menor medida, han sido golpeados por esta lacra, siendo Antioquia -en la zona nororiental del país- el más afectado con 2.048 damnificados. No en vano, se estima que aproximadamente un 10% de los municipios del país está o puede estar expuesto a los efectos de este tipo de artefactos, siendo el ámbito rural, sin duda, el más castigado ya que aglutina al 97 % de los afectados, frente al 3% de las zonas periféricas de las urbes. Cifras y más cifras que únicamente encierran sufrimiento, miseria y desánimo.

A un lado, se encuentran todas aquellas víctimas que no decidieron formar parte de la guerra y a las que les ha tocado pagar el precio de la misma. Personas que se han visto forzadas a cambiar abruptamente la relación con su cuerpo, sus rutinas diarias, su sexualidad, sus sueños, su futuro. Comunidades enteras que han tenido que desatender cultivos, desertar de las escuelas y abandonar forzosamente aquellos lugares vinculados a sus tradiciones y recuerdos. Minas enterradas que han perfilado escenarios de terror y amenaza permanentes, obligando al instinto de supervivencia a desprenderse de cualquier vestigio de arraigo. Pero no solo son víctimas de estos artilugios mortíferos aquellas que sufren su impacto en primera persona, las familias también quedan amputadas. El catálogo de secuelas físicas y psíquicas de los afectados es tan variado como trágico, desde lesiones en brazos, piernas y órganos genitales (siendo en muchos casos la amputación la única salida), pasando por daños en órganos internos, deformaciones físicas y perdidas auditivas y visuales. En el epílogo del mismo, en numerosas ocasiones, aparece el suicidio como único antídoto para aliviar tanto sufrimiento y desesperación. A todo ello, se suma la incomprensión y desidia social -circunstancia que obstaculiza la recuperación, lenta y costosa de por sí- y la dificultad de acceder a terapias, prótesis y otros útiles sanitarios como muletas o sillas de ruedas que faciliten este proceso.

Al otro lado, aquellos que han cultivado el país con este fruto letal. Tanto las Fuerzas Militares de Colombia como los grupos al margen de la ley, FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) o el ELN (Ejército de Liberación Nacional), han hecho un uso indiscriminado de estas minas con el propósito de proteger infraestructura, delimitar espacios, retrasar el avance de tropas o sitiar fuerzas enemigas. La diferencia entre unos y otros la marca el tiempo. Mientras que el Ejército colombiano manifiesta haber retirado de su praxis estos artefactos -voluntad cuestionada por Human Rights Watch que comprobó en 2009 indicios que contradicen lo expuesto-, las guerrillas intensifican su uso alegando para ello que se trata del “armamento del pobre”. Tanto es así que han fabricado armas trampa aprovechando objetos aparentemente inofensivos como radios, latas de comida e incluso juguetes o han minado los cuerpos de civiles y combatientes muertos o heridos para sorprender a quienes pudieran auxiliarlos.

En el marco de esta nebulosa, perenne a la par que insostenible, han surgido en estos últimos años diferentes iniciativas, tanto públicas como privadas, que han permitido vislumbrar cierta esperanza. El compromiso del Estado colombiano para combatir esta lacra tiene su origen en la ley aprobada el 14 de enero de 2000, durante la Presidencia de Andrés Pastrana, que ratificaba la Convención de Ottawa (1997) sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. Durante el Gobierno de su sucesor, Álvaro Uribe, se implantó el Programa Presidencial Para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), a cargo de la Vicepresidencia de la República, con el propósito de coordinar la elaboración y aplicación de la política pública nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal. Programa que ha tenido continuidad en el mandato del actual Presidente Juan Manuel Santos.

Tres son las Líneas de actuación del mencionado PAICMA. En primer lugar, Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM). Para ello se han diseñado actividades de sensibilización y de fomento de una cultura de comportamientos seguros que pretenden reducir sustancialmente el número de muertes y lesiones ocasionadas por estos artilugios. En segundo lugar, Asistencia a Víctimas de MAP (Minas Antipersonal), AEI (Artefactos Explosivos Improvisados) o MUSE (Municiones Sin Explotar) con la intención de asegurar la rehabilitación integral e inserción social y productiva de éstas. Y por último, no por ello menos importante, el Desminado Humanitario (DH). Mediante este proceso se detectan y demarcan las áreas peligrosas y se desactivan y/o destruyen los explosivos identificados para liberar el territorio infestado. Alarma pensar que el precio de cada mina oscila en torno a los 2 € y que para su instalación apenas se emplean unos minutos; por el contrario, localizarlas y desactivarlas requiere de mucho tiempo, en ocasiones años y décadas, y un coste próximo a los 600 € por unidad. Sin duda, todo un despropósito.

Además, el Gobierno colombiano ha desarrollado otras iniciativas, algunas de ellas con gran aceptación popular, como las denominadas +Deporte –Minas o +Arte –Minas, que pretenden involucrar a los damnificados en los eventos deportivos y culturales más importantes del país, o la instauración de la 1ª Mesa Nacional de Diálogo Social para la Asistencia a Víctimas de Minas Antipersonal. Este último representa un espacio de reflexión e intercambio de experiencias en materia asistencial constituido el pasado 23 de marzo y que contó con la participación del Vicepresidente de la República, Doctor Angelino Garzón, embajadores, organizaciones nacionales e internacionales, entidades estatales y sociedad civil.

Entre las iniciativas impulsadas por agentes y entidades privadas destaca la liderada por el cantante Juanes, oriundo de Antioquia, quien a través de su Fundación “mi sangre”, surgida en 2006, busca contribuir a la paz y al mejoramiento de la calidad de vida de la primera infancia y de las víctimas de las minas antipersonales y municiones sin explotar en Colombia. Asimismo, es reseñable la reciente noticia de creación de una clínica especializada, financiada conjuntamente por el fabricante de helicópteros Sikorsky y la empresa de ortopedia Hanger Orthopedic Group, para tratar a más de 7.700 damnificados. Esta nueva instalación sanitaria proyectada pretende paliar la escasez de hospitales especializados en esta materia y poner fin a una de las mayores injusticias asociadas a esta lacra, ya que hasta la fecha -como consecuencia del alto coste sanitario y asistencial- únicamente los militares afectados eran asistidos por el Estado colombiano, siendo los civiles, más numerosos, abandonados a su suerte.

Este es el camino recorrido por Colombia en las últimas décadas. Un trayecto marcado por el dolor y la desesperanza, pero también por el compromiso de alcanzar nuevos espacios de libertad. Y para el futuro, tan sólo un anhelo: que al pueblo no se le niegue la posibilidad de emular las palabras dictadas por el poeta sevillano Antonio Machado en una de sus célebres estrofas… Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino se hace camino al andar…