Panorámica social S.O.S.

Según la Real Academia de la Lengua española, la memoria es, en una de sus acepciones la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado[1]. El ser humano tiene la capacidad de recordar, pero la memoria y el recuerdo han sido siempre unas armas muy utilizadas para trasmitir a futuras generaciones lo que se quería del pasado. De esta manera y en distintas culturas y épocas se ha recurrido a la reconstrucción de la Historia.

Una de las formas de olvidar es no recordar. Eso es lo que ha sucedido con la Historia reciente de nuestro país. Estamos en pleno proceso de amnesia[2]. La Ley de la Memoria Histórica pretende todo lo contrario: recuperar la memoria de los olvidados.

Coloquialmente se le ha dado el nombre de Ley de Memoria Histórica pero en realidad tiene como título LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Fue aprobada por acuerdo de casi todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados[3]. Está compuesta de 22 artículos y 11 disposiciones y su propósito es bien claro, pues aparece en el mismo nombre de la ley.

Atiende a una Proposición anterior de no Ley firmada en el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2002 y establece que «nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática»[4]. Asimismo esta ley asume la condena al franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975.

De esta manera la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática[5].

En los artículos de dicha Ley se trata: de las condenas, sanciones y expresiones de violencia producidas durante la Guerra Civil y durante el franquismo; de un reconocimiento a esas gentes y sus familiares; y de la declaración ilegítima de los tribunales y administraciones que no permitían un proceso justo de manera que se manifiesta la invalidez de las normas jurídicas creadas durante la dictadura de Franco que no respeten los derechos fundamentales del ser humano. En varios artículos se trata de la indemnización dedicada a todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia[6]. Por otro lado se habla de la necesaria ayuda que las Administraciones públicas deben proporcionar a quienes buscan a personas desaparecidas, estando algunas de ellas en fosas comunes. Se establecen unas medidas en relación a los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil y de la represión dictatorial de Franco.

Además la Ley habla de la concesión de la nacionalidad española a los voluntarios de las Brigadas Internacionales y se reconocen las asociaciones de víctimas. Para facilitar la recopilación y el derecho de acceso a la información histórica sobre la Guerra Civil[7], se ensalza el papel del Archivo General de la Guerra Civil Española, con sede en Salamanca, integrándolo en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Es reforzada la idea primordial del objetivo de la ley: cerrar heridas que aún siguen abiertas y ofrecer apoyo, satisfacción y reconocimiento a aquellas personas y a sus respectivas familias, que fueron víctimas de la Guerra Civil española y de la dictadura franquista.

Poco a poco la Ley se ha ido ampliando con las ya citadas disposiciones, aclarando los diferentes artículos.

Los partidos políticos no están ofreciendo el suficiente apoyo para llegar a conseguir lo que la Ley dictamina. De hecho, es la sociedad civil quien ha promovido la aprobación de dicha ley y su posterior puesta en práctica. Gracias a Asociaciones de Memoria Histórica, Archivos varios, gente que busca a familiares, voluntarios…se están consiguiendo, aunque lentamente, logros para recuperar la memoria de quienes la buscan, de quienes la reclaman.

La Ley de la Memoria Histórica es, en la actualidad, una de las más expuestas a crítica pues nadie se queda sin tener una opinión al respecto, ya sea a favor o en contra. Hay numerosas voces que hablan de que la Ley “no servirá para nada”, de “que se quiere dividir a España”, “se pretenden sacar los trapos sucios” u otras como “solo se quiere remover el pasado”. La Ley de Memoria Histórica lo que pretende es recuperar el recuerdo de aquellas personas a las que se les fue arrebatado. No se busca una separación del país ni un nuevo enfrentamiento. Las familias y amigos quieren y necesitan saber qué pasó con nuestros esposos, hermanos y abuelos, con nuestros tíos, primos, con nuestras madres y abuelas.

Esta Ley es, por tanto, necesaria y más aún su puesta en práctica. Por ello se precisa una implicación de toda la sociedad, así como una educación a todos los niveles: desde los más pequeños, hasta quienes se encuentran en institutos y universidades, asociaciones, empresas y desde la propia familia. Sin duda, sabiendo qué es lo que ocurrió realmente con nuestro pasado, podremos asimilar nuestros orígenes, para no cometer los mismos errores en la Historia de nuestro país y para cerrar heridas que aún, hoy en día, perduran en la memoria de nuestros mayores.

[1] RAE en siguiente enlace consultado el día 11 de marzo de 2011.

[2] En la Transición española se aprobó la ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, a través de la cual se indultaba todo delito y falta ocurrido antes de 1976, haciéndose “borrón y cuenta nueva”.

[3] Según MARTÍN PALLÍN, José Antonio y ESCUDERO ALDAY, Rafael, Derecho y memoria histórica, Editorial Trotta, Madrid, 2008.

[4] Exposición de motivos de LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

[5] Ibidem.

[6] Ibidem.

[7] Ibidem.