Panorámica social S.O.S.

El 17 de febrero de 1903, el presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, y el de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, firmaban el Tratado cubano-estadounidense por el cual los primeros arrendaban a los segundos de manera perpetua un terreno situado en la Bahía de Guantánamo para ubicar en ellas estaciones navales y de embarque. Según las cláusulas del tratado, los americanos tendrían jurisdicción y control absoluto sobre la zona y, a cambio, reconocerían la soberanía suprema de Cuba. Cualquier embarcación cubana tendría libre paso por las aguas. Fruto del apoyo e implicación del gobierno americano en los movimientos independentistas cubanos frente a España, dicho tratado sería unas décadas después una espina clavada en el gobierno revolucionario de Fidel Castro y de rebote, en el imperialismo soviético, aliado y salvaguarda del dictador.

Sin embargo, la base de Guantánamo no es tan conocida por su papel clave durante la Guerra Fría, ni siquiera por el uso que se ha hecho de sus instalaciones para recluir refugiados cubanos o haitianos recogidos en alta mar, sino por albergar en su recinto a algunos de los prisioneros de las guerras en las que Estados Unidos se ha implicado después de los atentados terroristas de Al-Qaeda del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Las denuncias de los medios de comunicación sobre los tratos vejatorios a dichos prisioneros, incluso las acusaciones de tortura y la situación legal, o mejor dicho ilegal o alegal de los mismos, han protagonizado y protagonizan las portadas de muchos periódicos y de no pocos noticieros por todo el mundo.

Un análisis somero de la situación de estos prisioneros debería empezar por su situación legal que es uno de los problemas que subyace en la polémica. La elección de la base de Guantánamo por parte de la Administración de George W. Bush no fue casual ya que como la soberanía última del territorio es cubana, los prisioneros se encontraban legalmente fuera del país y no tenían los derechos constitucionales que les asistirían si estuvieran en suelo americano. Esta interpretación fue rechazada por diversos movimientos pro derechos humanos y por buena parte del partido demócrata. En 2004, el Tribunal Supremo rechazó por mayoría este argumento y estableció que los prisioneros tendrían acceso a los tribunales estadounidenses. En 2006, de nuevo el Supremo volvió a sentenciar que organizar tribunales militares para prisioneros de guerra extranjeros violaba el Código de Justicia Militar y la Convención de Ginebra. El Congreso aprobó una ley que daba a estos tribunales dicha cobertura.

No obstante, hay que reconocer que EEUU se enfrentaba y enfrenta a una situación un tanto singular ya que gran parte de los internados en Guantánamo son combatientes capturados en Oriente Medio, pero a los que no puede aplicárseles estrictamente el estatus de prisionero de guerra ya que no cumplen los requisitos necesarios para ser considerados soldados, el más simple de ellos ir correctamente uniformado o que haya habido una declaración previa y formal de guerra.

La Administración Bush buscaba con estas reclusiones dos objetivos, primero evitar que los prisioneros que consideraba más peligrosos pudieran reincorporarse al enemigo si permanecían en suelo afgano o iraquí. Por otra, sacarles la mayor información posible que pudiera ser usada en su favor. Ambos argumentos son lógicos en un conflicto militar. En cuanto al límite de la reclusión, este podría retrasarse hasta el final del mismo. Sin embargo, este argumento es poco claro. Como se comentó antes, no existe una declaración formal de guerra y que se lucha “contra el terrorismo”, no contra un estado en concreto lo que en la práctica hacía la reclusión indefinida. La redefinición del concepto de guerra subyace, por tanto, en esta polémica, lo que podría cambiar no sólo el derecho y la normativa internacional, sino la visión que de ella tiene la sociedad.

Las acusaciones contra la Administración de George W. Bush han sido muchas y variadas durante todo este tiempo. Algunos retenidos no tenían ningún cargo por lo que serlo, en otros casos, en juicios militares, no pudieron acceder a las pruebas que se tenían en contra de ellos. Pero la acusación más grave que se ha realizado ha sido la de torturas sobre los prisioneros. En el año 2005, The New York Times publicó partes de un informe del Comité Internacional de Cruz Roja donde se denunciaban actividades que eran “equivalentes” a la tortura. Entre estas actividades, además de algunas palizas, se contemplaban actividades vejatorias o exposición a ruidos molestos o temperaturas extremas. Las fotos donde se ven prisioneros con sacos en sus cabezas, arrodillados o tumbados en el suelo mientras vigilantes armados deambulaban entre ellos, llenaron de nuevo las portadas y aperturas de muchos medios de comunicación en el mundo. El asunto se había transformado de un tema legal en otro mucho más cercano a lo que podría ocurrir en un país totalitario, incluso se comparó la base con un gulag.

En un sentido estrictamente descriptivo, algunas de estas actividades equivalentes a la tortura son aplicadas en conflictos militares sin mayor problema por todos los bandos ya que las circunstancias son muy distintas y los prisioneros lo son de guerra y no civiles. El secretismo militar tampoco ha ayudado mucho a sus objetivos y multitud de denuncias reales, pero también ficticias, han empantanado si cabe aún más el asunto. A pesar de ello, la sociedad americana ha obligado a sus representantes a replantearse esta situación y las denuncias de la prensa no han caído en saco roto, si bien es cierto que para muchos, los implicados en estos crímenes y torturas no han tenido un castigo suficiente.

Según fuentes de Amnistía Internacional, hasta 2008, el número de prisioneros había alcanzado alrededor de ocho centenares, de los cuales la gran mayoría han sido devueltos a sus países de origen y en ese año el número de reclusos era de unos 250, todos pakistaníes o afganos. No todos fueron capturados por el ejército estadounidense, sino que buena parte de ellos lo fueron por otros cuerpos armados y entregados a cambio de una recompensa. Algunos eran menores en el momento de ser puestos bajo custodia y cinco se suicidaron, a ninguno de los cuales se le hizo una autopsia.

Sin embargo, en todo este asunto también subyace otro elemento fundamental para entender el conflicto, el antiamericanismo de ciertos sectores internacionales, incluso americanos, y las posiciones puramente ideológicas que han encontrado en todo ello argumentos contundentes para sus fines. Como casi todos los movimientos que van contra algo o alguien, el antiamericanismo no ha dudado en manipular la información para reforzarse y si queremos ser ecuánimes, hay que denunciar tanto el secretismo de unos como la exageración o la manipulación de otros. Pese a que el partido demócrata usó la polémica como argumento en las elecciones presidenciales que ganó Barack Obama y este prometió tomar medidas cuando fuera presidente, y pese a algunas decisiones iniciales en ese sentido, ya ha pasado la mitad de su legislatura y la situación en la base no es demasiado diferente de la que había con el presidente Bush lo que hace pensar que la situación no era tan ilegal como se ha venido mostrando o que Obama ha usado de manera hipócrita una situación que no tenía intención de investigar.

La situación planteada en Guantánamo es grave, pero a diferencia de otras sociedades donde las acciones de gobierno no tienen respuestas de la sociedad civil o estas respuestas se polarizan mayoritariamente entre las posiciones ideológicas de los partidos dominantes (como en el caso de España), las organizaciones de derechos civiles americanas no conocen necesariamente de ideologías ni servilismos y han denunciado sin rubor lo que ellos creen una situación inadmisible en un país democrático y occidental. El lógico conflicto entre los poderes se ha hecho evidente y el Tribunal Supremo no ha dudado en sentenciar en contra de los intereses del poder ejecutivo (de nuevo cabe citar el modelo español como antítesis del americano), mientras que el legislativo, si bien pudo cerrar filas en torno al presidente Bush, mantiene mucha más independencia que a la que solemos estar acostumbrados y no es raro que los congresistas y senadores de un mismo partido tengan opiniones y votos distintos. La prensa se ha posicionado según su línea editorial en uno u otro bando, pero al menos han informado o intentado informar de todos los aspectos. Existe una independencia más o menos real entre ésta y el poder político. El periodismo americano no se sustenta en el seguidismo vergonzante que tiene por ejemplo buena parte del español, que algunas veces parece convertirse en un apéndice del partido.