Panorámica social S.O.S.

Que los países árabes se encuentran entre los Estados con los indicadores de gobernanza más bajos del mundo no es un dato que pueda sorprender. La mayoría de los textos constitucionales legales del mundo árabe muestran un marco jurídico mucho más favorable al reconocimiento de derechos y libertades civiles y políticos que el que termina aplicándose en la práctica. Esta brecha es consecuencia muchas veces de la vigencia de leyes marciales o situaciones de emergencia, a través de las que se acaba legalizando y legitimando la suspensión de muchos de los principales derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de estos países.

A pesar del reconocimiento de ciertos grados de participación social y política, todavía se está muy lejos de poder considerar que el mundo árabe haya comenzado a caminar por la senda del verdadero proceso democrático.

Los últimos comicios electorales celebrados en Egipto son un claro ejemplo de lo anterior. El desarrollo y resultado de las elecciones a la Asamblea Popular o Majlis Alshab del pasado mes de noviembre pusieron en evidencia un grave retroceso respecto a los avances de apertura que el país parecía haber adoptado los últimos años.

Las presiones que desde la Administración Bush se ejercieron sobre los países árabes para la adopción de reformas democratizadoras, como parte del proyecto estadounidense en el Gran Oriente Medio, empujaron a Mubarak a realizar una serie de promesas políticas aperturistas. La principal medida que se adoptó en este sentido fue la reforma en 2005 del artículo 76 de la Constitución egipcia, por la que, a partir de ese momento, la presidencia de la República sería elegida por medio de elecciones competitivas.

A pesar de la trascendencia que esta medida podía implicar para el sistema político egipcio, sin embargo, pronto se hizo patente lo limitado de su eficacia y alcance. Principalmente porque las condiciones que el nuevo artículo establecía como necesarias para poder concurrir a los comicios presidenciales hacían, como mínimo, muy difícil la presentación de candidaturas.

El régimen egipcio no estaba dispuesto a realizar auténticas concesiones en aras de una mayor participación política y así se volvió a evidenciar cuando el presidente Mubarak volvía a anunciar, apenas un año después, una nueva reforma constitucional que afectaría  aspectos claves del sistema político egipcio. Entre sus principales repercusiones: mayor restricción al control electoral (tras la sustitución de la supervisión judicial de los procesos electorales por una comisión cuya composición hace muy difícil sostener su independencia y neutralidad. De sus once miembros sólo cuatro pertenecen al cuerpo judicial, a lo que se añade un mandato mucho más breve que el de los otros siete componentes). Por otra parte, el mantenimiento y refuerzo del estado de emergencia, vigente en el país desde 1981 o la limitación, cada vez mayor, del margen de maniobra que, tanto las candidaturas individuales como de los partidos de la oposición, tienen a la hora de poder participar en los comicios.

En definitiva, a la luz del desarrollo de estas últimas elecciones se pone de manifiesto, una vez más, que la tensión que desde hace varios años se da entre ciertos gestos de apertura política y de posterior distensión, es aparente. En última instancia toda decisión, o responsabilidad, en relación a la adopción de decisiones que impliquen un mayor fortalecimiento de la sociedad civil, de las instituciones y de los procesos electorales, o, por el contrario ahonde más en el actual déficit democrático ha dependido de la propia voluntad del régimen gobernante que, en el caso egipcio, básicamente se encuentra personalizado en la figura del presidente de la República.