Panorámica social S.O.S.

La Política Agraria Común nació en 1962 con un objetivo teórico bastante claro, disponer de un suministro interno y seguro de alimentos en Europa. En plena Guerra Fría, los acontecimientos políticos propios de la descolonización asustaron a las organizaciones europeas de agricultores que dedujeron que una presumible invasión de productos de bajo coste podría obligarles a reconvertir un campo que aún se estaba recuperando de los efectos de la Segunda Guerra Mundial.

En la época dorada del Estado del Bienestar no era concebible que la sociedad: productores, intermediarios y consumidores desarrollaran un sistema fruto del orden espontáneo. Por el contrario, los políticos podían y debían crear e implantar un sistema que terminara con cualquier incertidumbre. Las herramientas de la PAC fueron por tanto las propias del intervencionismo político: aranceles, subvenciones a la producción y precios protegidos que generaron unos excedentes que durante décadas fueron, y son, un serio problema para la burocracia europea. A pesar de estos inconvenientes, el Estado, los Gobiernos y sobre todo los partidos políticos y sus representantes  encontraban en este sector una importante fuente de votos que con los incentivos necesarios, podía favorecer sus intereses. La subordinación y el clientelismo político propio de las democracias donde domina el Estado de Bienestar se hacía así más evidente.

Las políticas agropecuarias europeas han ido experimentando cambios a lo largo de todos estos años. Las sucesivas ampliaciones de la Unión fueron añadiendo agricultores lo que supuso un serio problema para un presupuesto comunitario que llegó a otorgar en los años setenta casi el 70% del mismo a esta actividad. La racionalización de estas políticas fue por tanto una necesidad y con la lentitud propia de toda superburocracia, sus objetivos han ido cambiando, aunque todo ello pueda parecer poco más que un maquillaje.

Actualmente¹ se pretende una racionalización en el gasto, que en el periodo 2007-2013 se quiere dejar en un 34% del total del presupuesto, se proponen condiciones más duras que justifiquen las ayudas, unos textos legislativos más cortos y comprensibles y una reducción de las normas. En cuanto a la naturaleza de las actuaciones, se quiere fomentar la calidad satisfaciendo así las demandas de los consumidores y la competitividad en los mercados internacionales a través de medidas como la etiquetación o el uso de criterios medioambientales, se ofrece ayuda financiera en caso de verse afectado por determinados siniestros, pero se sigue recurriendo a la intervención cuando los precios caen por debajo de lo que el poder político considera aceptable y las ayudas, en vez de otorgarlas directamente, se dirigen a un fondo de desarrollo para zonas rurales.

Semejante ejercicio de ingeniería social y económica no puede dejar de afectar a terceros. Mientras los agricultores europeos están considerablemente protegidos frente a la incertidumbre a través de un artificio político y a costa de los ciudadanos europeos que con su dinero-impuestos financian estas medidas intervencionistas, los agricultores de países menos desarrollados se ven afectados por una competencia desleal creada, apoyada y favorecida por los Estados más ricos.

Se trata de sociedades, naciones y países eminentemente agrícolas con serios problemas internos de violencia y corrupción en diferente grado. Carecen de una sociedad que permita, en un entorno de confianza y libertad, adoptar decisiones que, con un riesgo aceptable, descubran oportunidades de mercado con las que prosperar. Los empresarios de estos países se ven limitados por muchas barreras: políticos corruptos, guerrillas, mafias y grupos violentos, intermitentes actos de violencia que impiden el desarrollo de infraestructuras necesarias para una logística adecuada. Además de ello, tienen que hacer frente a aranceles que les impiden o dificultan la venta de sus productos en mercados como el europeo.

Evidentemente, los europeos justifican algo que les permite vivir y en muchos casos, extremadamente bien. Hace dos años Leopoldo Cólogan , presidente de la Asociación de Productores Europeos de Banano aseguraba² que “lo que intenta [la PAC] es proteger sus producciones ante los bajos costes de las mismas en otros países del Tercer Mundo” y que “no existirían ya ni los olivos de España ni de Italia, ni existiría agricultura en Francia, Portugal y otros países de la UE”. Dos años después , no ha dudado en criticar³ al Gobierno español por propiciar “acuerdos bilaterales con los países latinoamericanos, consintiendo que se baje el arancel a cantidades irrisorias y poniendo al sector platanero canario en una situación límite”.

Es relativamente fácil ver lo que nos favorece y lo que no en una situación compleja, más difícil es analizar lo que les pasa al resto de actores implicados. De entrada, los ciudadanos europeos pagan más por productos iguales o parecidos, se dedica capital y esfuerzo a un producto que no es rentable, al menos en las condiciones y las cantidades actuales, impidiéndose así que estos esfuerzos y capitales se puedan dedicar a otros productos o servicios más rentables y necesarios.

Si esto es ya malo, los efectos en países del Tercer Mundo pueden ser incluso dramáticos. Sus empresarios no pueden vender sus productos, lo que implica que no se crean empresas ni puestos de trabajo y se hace más difícil el desarrollo. En los casos más extremos estas sociedades quedan a merced de la caridad del Primer Mundo y teniendo en cuenta que la ayuda se canaliza principalmente a través de las instituciones estatales, el propio Estado que les empobrece, les “salva”.

Durante décadas, los excedentes agrícolas de la Unión Europea han sido dedicados a paliar los efectos de las hambrunas de grandes zonas africanas y en menor medida asiáticas. Paradójicamente para los intervencionistas y lógicamente para los partidarios de una economía liberal, este auxilio ha perjudicado los intereses de las sociedades a las que se tenía que ayudar. La llegada de toneladas de leche y grano hirió, algunas veces de muerte, a los ganaderos y agricultores que no podían competir con tanto producto “gratuito”.

La PAC es por tanto una importante barrera para el crecimiento de los países en vías de desarrollo. Sin embargo, no debemos confiar en las conversaciones y las negociaciones de las instituciones estatales que promulgan el libre comercio. Los Estados y Gobiernos tienen sus propios intereses que no tienen porqué coincidir con los de los supuestamente representados. El libre mercado es algo que atañe a los personas, no a las instituciones estatales. Los empresarios, las asociaciones que les agrupan en un entorno libre y sujeto a derecho son los verdaderos protagonistas de estos intercambios. Deberíamos confiar en los individuos, no en la política.

Notas al texto:

(1) Europa, El portal de la Unión Europea
(2) Cólogan Ponte, Leopoldo: El sector platanero de Canarias y la UE (y II). Publicado el 24 de febrero de 2008 en Eldia.es
(3) EFE: La APEB pide a la Ministra que demuestre por escrito que se manipulan los precios. Publicado el 18 de mayo de 2010 en canarias24horas.com