Panorámica social S.O.S.

En septiembre de 2009, Jean François Boyer, director de la edición mexicana de Le Monde Diplomatique, afirmó: “Hace tiempo que en México el narcotráfico dejó de ser una historia de ladrones y policías... el narcotráfico se ha vuelto el principal problema político del país”. En efecto, la violencia vinculada a los grupos de crimen organizado y al narcotráfico ha aumentado vertiginosamente en los últimos tres años y cada vez son más las víctimas que genera un negocio que produce según la Secretaría de Seguridad Pública del país más de diez mil millones de dólares anuales.

El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón candidato por el Partido Acción Nacional (PAN), asumió la presidencia del país tras unas controvertidas elecciones. En sus primeros discursos como presidente, Calderón se comprometió a poner freno a la violencia y al narcotráfico. Como baluarte de su estrategia desplegó más de 25.000 tropas del ejército y efectivos de la policía federal a lo largo del territorio. Pero la militarización ha provocado un incremento de la violencia que dejó más de 15.000 víctimas mortales tan solo en el año 2010.  Y es que los cárteles de la droga mexicanos, incluyendo los carteles del Golfo y de Sinaloa, y numerosos grupos escindidos de los mismos, han ensombrecido a los cárteles de Colombia y se han adjudicado buena parte del control sobre las rutas clave de tráfico de drogas a los Estados Unidos, provocando lo que ya se ha dado en llamar la  “colombianización” de México.

Aunque en un principio la violencia se concentraba en los estados del norte, progresivamente se ha extendido al resto del país y hoy es considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como uno de los cinco países con el mayor nivel de delincuencia organizada del mundo.

Pero el problema de México traspasa sus fronteras: el negocio de la droga en México mueve cerca de 25000 millones de dólares de los cuales solamente 6000 millones se quedan en el país. El resto se introducen en el sistema financiero de Estados Unidos para ser blanqueados. No se puede, por lo tanto, hablar del narcotráfico en México sin hablar de la vinculación económica con Estados Unidos,
primer país consumidor de drogas a nivel mundial. 90 centavos de cada dólar generado por el narcotráfico entran al sistema financiero estadounidense engordando un negocio, el del comercio ilegal de drogas, que, según la ONU,  genera anualmente un total de 320 billones de dólares en todo el Mundo.

La posición de los medios de comunicación ante la mencionada militarización del país ha pasado en estos tres años de legitimar la ofensiva del presidente a recibir duras críticas ante las consecuencias que se han derivado y la falta de resultados positivos. En última instancia, la violencia se ha llevado consigo la libertad de expresión y prensa en México: la última clasificación de países en base a la libertad de prensa realizada por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) coloca a México en el puesto 136 en una lista de 178 estados.

En la misma línea, el 1 de Mayo de 2009, RNW (Radio Nederland Wereldomroep) publicaba en su sitio web el siguiente titular: “Disminuye en el mundo la Libertad de Prensa”. Sin duda resulta alarmante. En un mundo en el que se inician guerras y se invaden países en aras de la Libertad con mayúsculas como si ésta fuera un ente propio ajeno a las conductas de los individuos, resulta que la libertad de prensa se encuentra gravemente amenazada. Según la organización estadounidense Freedom House, desde el año 2000 la libertad de prensa ha diminuido consecutivamente cada año. En el 2008, además, esta disminución se dio en todas las regiones del mundo.

También el “Informe sobre la situación del ejercicio de la Libertad de Expresión en México” realizado por la organización Article 19 manifiesta que las dificultades con las que los periodistas se encuentran a la hora de ejercer su profesión en el país norteamericano son cada vez mayores y deben enfrentarse a una espiral del silencio cada día más compleja: “los ataques, el miedo y la impunidad han tenido efectos nocivos en la prensa, ya que los reporteros asignados a la cobertura del crimen organizado, la violencia vinculada al narcotráfico y/o a la relación de éstos grupos con las autoridades, se autocensuran cada vez con mayor frecuencia, ocasionando que estos temas no sean investigados por los periodistas y los medios”.

Son muchas las convenciones, tratados y leyes que pretenden garantizar el respeto a la libertad de expresión y de prensa como derechos fundamentales de cualquier sociedad democrática. A pesar de ello, en muchos países es uno de los derechos humanos más flagrantemente vulnerado y uno de los primeros en desaparecer cuando el país sufre una continua situación de violencia, sea esta de la índole que sea: guerra, conflictos entre bandas, crimen organizado…

La Corte Interamericana ha señalado, al respecto, que la libertad de expresión requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

Jurídicamente y en base al Derecho Internacional Humanitario (DIH), la violencia derivada del narcotráfico en México está considerada como un conflicto interno entre grupos delincuenciales. Al no ser considerado como un conflicto armado, el DIH no puede aplicarse, a pesar de las graves consecuencias humanitarias que genera. El Comité Internacional de la Cruz Roja confirma que en estas situaciones de “disturbios internos” están vigentes las normas del derecho internacional de los derechos humanos (DDHH) que regulan, para los agentes del Estado, el uso de la fuerza.

Pero en México la violencia no se limita a enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y bandas armadas o cárteles del narcotráfico. En los últimos años la violencia ha empezado a azotar a la población civil directa e indirectamente y no solamente los periodistas temen por su seguridad, especialmente en las zonas dominadas por los brazos armados de los narcotraficantes como, por ejemplo, en el caso de Los Zetas, en estados como Tamaulipas, en el Golfo de México, así como en otras zonas del país.