Panorámica social S.O.S.

En los últimos años los países occidentales han emprendido una revisión al alza de sus compromisos de ayuda económica en aras de alcanzar los Objetivos del Milenio, adoptados en 2000 y entonces criticados por ser ‘demasiado modestos’. Ocurre, precisamente, tras una década de final de siglo marcada por la germinación de la globalización económica, que irremediablemente ha conducido a la ralentización de los progresos sociales en ambos hemisferios del globo –que, por cierto, compiten en una carrera a dos (o: múltiples) velocidades. Una década, la de los noventa, que también estuvo dominada por un hastío en la ayuda al desarrollo y su consecuente estancamiento en las aportaciones económicas destinadas a la cooperación internacional.

El nuevo consenso internacional sobre la “rehabilitación de la ayuda de cooperación al desarrollo” es, sin embargo, más frágil de lo que pudiera parecer a simple vista[1]. Viene de antes de que los inicios del siglo XXI, marcado por burbujas, crisis y recesión económica de países hiperendeudados, mostraran las grietas de las teorías económicas clásicas, los mecanismos de regulación en vigor y las políticas económicas aplicadas. Viene de antes de que la crisis sorprendiera a aquellos que creían en un crecimiento indefinido marcado por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, y, al mismo, tiempo provocara una desconfianza sin precedentes hacia el sistema económico global, hacia la estructura y funcionamiento de la sociedad internacional, hacia la idoneidad y meta de igualdad de oportunidades, de derechos para todos, de respeto hacia las libertades fundamentales… recogidos en un “puñado” de tratados internacionales, hoy (debemos reconocer: menos que nunca) de dudosa aplicación.

El entusiasmo oficial por la cooperación al desarrollo fue recogido con escepticismo en determinados medios intelectuales y políticos. No por los objetivos y metas perseguidas -que por cierto fueron y continúan siendo criticados, desde entidades y organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos: unas veces por su ligereza de contenido sobre papel; otras, por su flagrante incumplimiento en la práctica. El escepticismo se concentra en la herramienta misma [o vía] de la cooperación: la ayuda económica.

Los economistas liberales[2] consideran que los recursos o ingresos “no ganados”, procedentes de estas ayudas, llevan a los gobiernos “ayudados” a un callejón sin salida respecto a las reformas [de carácter liberal] que serían cruciales para mejorar el entorno económico del país y, por lo tanto, a la vez que inhiben a inversores internacionales,  desanima a empresarios locales. Del otro lado, los progresistas apuntan que la ayuda, sometida a condiciones, actúa como el “caballo de Troya” de la globalización económica en los países más pobres, con efectos perversos en términos de desarrollo tales, que llegan a anular los efectos positivos de los proyectos financiados. Por otra parte, cada vez más investigadores y técnicos se preocupan por los efectos contraproducentes de la presencia masiva de “ayudas” sobre instituciones y procesos democráticos locales: cuando este “auxilio” es de larga duración, se produce una situación de “dependencia de ayuda”, lo que merma las capacidades de iniciativas locales.

Cuando se habla de “subdesarrollo” se tiende a olvidar que su denominación no se limita a la escasez o ausencia de desarrollo o estructuras “económicas”, de hecho, muchos países denominados “subdesarrollados” en realidad cuentan con un “mal desarrollo económico”: poseen una más que suficiente riqueza en recursos para que ningún habitante viva en situación de pobreza, pero no cuentan con los mecanismos necesarios para aprovecharlo y suelen estar gestionados por las manos de unos pocos (nacionales o, en  muchos caso: extranjeros). De tal modo, que el mal desarrollo económico está acompañado de un insuficiente o nulo desarrollo político (corrupción, dictaduras, violencia, guerras, etc.), jurídico (ausencia de leyes y/o mecanismos que garanticen los derechos humanos y libertades fundamentales), social (educación, sanidad, cohesión, movimientos humanos irregulares y masivos, etc.). Es por ello que la ayuda económica procedente de la cooperación internacional no siempre está  a salvo en manos de los beneficiarios. Esto sirve de justificación para la “metodología intrusiva”, de intervención en asuntos internos del país receptor, que emplean los tradicionales donantes (sean: países miembros de la Unión Europea) como condicionante a la ayuda (vigilancia del respeto de derechos humanos, sistema democrático, instituciones civiles, etc.) y que, en ocasiones, ha terminado en crispación y crisis diplomáticas.

Este posicionamiento se ve ahora desplazado por el método menos intrusivo de los nuevos donantes y países emergentes como China, Brasil y la India (particularmente en países africanos), que dejan bastante margen de maniobra en los gobiernos receptores en su negociación sobre el grado de interferencia en sus políticas internas. Sus inversiones en los países menos desarrollados (ya sea mediante cooperación internacional al desarrollo o con la implantación de empresas, relaciones comerciales, créditos, etc.), llegan en un momento en que las burocracias occidentales de la cooperación debaten sobre las nuevas formas de ayuda que mejoren la eficacia de la asistencia tradicional a los países menos avanzados.

Surge así la “agenda de la eficacia”, que fue tomando forma durante las reuniones de Roma (2003) y Marrakech (2004), para ser acordada en la Declaración París (2005) y revisada en Accra (2008). Destinada tanto a los gobiernos receptores como a los donantes, esta nueva arquitectura de la ayuda destinada a “aumentar la eficacia de la ayuda al desarrollo” pide a los primeros definir estrategias de desarrollo (apropiación) e invertir en sistemas reforzados en transparencia y eficacia que garanticen los objetivos (gestión de resultados). Por su parte, los receptores de las ayudas son invitados, entre otros puntos, a adoptar medidas que salvaguarden el éxito de los objetivos proyectados y se sirvan de los circuitos administrativos y financieros locales en aras de que sean los propios gobiernos locales quienes adquieran el protagonismo y liderazgo en el desarrollo. No obstante, esta distribución de tareas y riesgos termina declarando garantes de la eficacia a aquellos agentes que ya poseen una influencia en la distribución de recursos económicos y, por ende, ya estaban controlando los canales de transferencia de la ayuda de la cooperación internacional al desarrollo. Por otra parte, obvia la presencia de los nuevos donantes que no cuestionan la soberanía del país ayudado ni a sus gobernantes y que, irremediablemente, ignoran las consecuencias de la dependencia de la ayuda en dichos países, que caen “enfermos” contagiando a toda su sociedad.

Hemos querido dejar de lado en este debate la cuestión de las donaciones de ONG y de instituciones caritativas, asunto que ya fuera recogido en otro artículo de esta publicación, porque, como ya fuera apuntado con anterioridad, no constituyen por sí mismas una solución al problema del subdesarrollo, “aunque puedan servir de manera puntual ante una situación concreta”, y, desde luego, tampoco tienen la capacidad suficiente (en ocasiones ni tan siquiera forma parte de sus objetivos) para atajar “las causas que han originado la situación de subdesarrollo”. El punto de mira ahora lo hemos querido situar, intencionadamente, en las políticas (y sus mecanismos de ejecución) de cooperación al desarrollo, sean de carácter estatal o supranacional. Precisamente no sólo porque son los agentes estatales  y superiores quienes ostentan un mayor poder y capacidad operativa para apoyar el desarrollo de otros miembros de la sociedad internacional, sino también porque, en definitiva, estamos convencidos de que coherencia de políticas internacionales tiene un impacto mayor sobre el desarrollo de los países, que el resultante de las clásicas acciones y ayudas a la cooperación al desarrollo.

[1] Polet, François: Aide au développement, au coeur des controverses en La Revue Nouvelle núm.1 ; Bruselas,  enero de 2011.

[2] Ibídem.