Panorámica social S.O.S.

El 29 de noviembre de 2009, tres "cooperantes" de la ONG Barcelona Acció Solidària (BAS) fueron secuestrados en Mauritania por un grupo de hombres que pertenecían a la organización Al Qaeda en el Magreb Islámico. Desde ese momento y hasta su liberación final, el 23 de agosto de 2010, los nombres de Albert Vilalta, Alicia Gámez (liberada el 10 de marzo) y Roque Pascual se nos hicieron familiares. En noviembre de 2010, casi un año después del secuestro, Albert Vilalta pidió una indemnización al Estado en compensación por las secuelas de su retención. Paradójicamente, Albert Vilalta dejó claro que dicha compensación, cuya cuantía dependería de las secuelas físicas o psicológicas del rapto, no se destinaría para su uso personal, lo que levanta serias dudas de que estas secuelas fueran ciertas o que realmente quisiera superarlas.

Pese a su incoherencia, la petición no es baladí pues presenta un asunto bastante peliagudo, la seguridad de los cooperantes, trabajadores e invitados de las ONG que desarrollan sus actividades en países donde la situación social y política conlleva el riesgo de verse afectados por algún tipo de violencia y en caso de que ocurra, quién debe enfrentarse a ella y a sus consecuencias.

Buena parte que los países del Tercer Mundo presentan unas condiciones mejorables en lo que se refiere a la seguridad de sus habitantes y visitantes. Sin ánimo de establecer en este artículo una sencilla relación de causa-efecto (reduccionismo peligroso cuando se trata sociedades), la descomposición social, la corrupción, ciertas tradiciones ancestrales, viejas o novedosas políticas basadas en ingeniería social, luchas fratricidas, ideologías o religiones fanáticas, la búsqueda del poder por el poder tienden a alimentar diversas expresiones de violencia que pueden ir desde la guerra declarada, pasando por actividades criminales y mafiosas, a simples delitos comunes. El resultado de todo ello son sociedades en descomposición, estados fallidos en los que no existe el Estado de Derecho, donde las normas y las leyes son arbitrarias, locales, cambiantes, pero sobre todo donde la fuerza es el modo más efectiva para obtener algo.

Cuando las ONG’s llevan a cabo su labor a través de proyectos, servicios o productos deben hacer frente también a esta violencia, la extrema y la oportunista. La violencia puede afectar a cualquiera, desde los turistas que se aventuran por estas tierras a las empresas que deciden establecerse en estos territorios, entendiendo que el riesgo pese a todo es aceptable. Los piratas somalíes del Índico acosan a los buques de pesca y de transporte y los secuestran pidiendo a cambio rescates millonarios. La polémica ligada al secuestro del atunero vasco “Playa de Bakio” desató otro debate, la necesidad de que las empresas lleven algún tipo de protección que les ayuden a repeler estas agresiones. Surge en este caso la paradoja que supone el monopolio de la fuerza que ejerce el Estado, en este caso el español, que por ley impide que los pesqueros o cualquier otra embarcación puedan tener la protección adecuada, a la vez que por sus propias limitaciones logísticas y presupuestarias, no pueda dar ese servicio que monopoliza, empujando a las empresas a una situación de peligro que ellas mismas podrían solventar repercutiéndolo en los costes y no en los contribuyentes.

Durante siglos, las diferentes Iglesias cristianas han llevado a cabo labores de ayuda, a la vez que de evangelización, en diversos países y regiones. La Orden Hospitalaria o la del Temple nacen con este fin y los Jesuitas las han desarrollado con diversos altibajos. Durante el siglo XIX, diversas instituciones filantrópicas se unieron a las Misiones en esta labor como la Cruz Roja y durante el siglo XX el fenómeno de las Organizaciones No Gubernamentales, donde en no pocos casos la evangelización ha sido sustituida por la ideología social y política, es especialmente llamativo. Todas ellas se han enfrentado a la violencia por lo que no estamos ante un fenómeno novedoso.

Toda empresa conlleva gastos y estos deben ser asumidos por los gestores de la misma. Cuando la institución tiene ánimo de lucro, estos costes pueden ser repercutidos a los clientes y si estos están dispuestos a pagar los precios que se proponen, la empresa tendrá beneficio. Cuando el ánimo de lucro no está a priori en el espíritu empresarial, como suele ser en las empresas filantrópicas, los costes suelen estar presupuestados en función de las aportaciones de los socios y simpatizantes, aportaciones que en muchos casos marcan los límites de los proyectos que pueden llevarse a cabo. Cuando las ONG encontraron en los presupuestos de los Estados de Bienestar occidentales una fuente más o menos continua de dinero se abrió un abanico de posibilidades que hasta ese momento no había existido, sobre todo si la ideología de la ONG coincide con la del Estado o al menos con la del partido en la que ese momento esté gobernando.

La colaboración entre las ONG y los Estados, que se ha hecho cada vez más intensa, conlleva ciertas dudas sobre la naturaleza no gubernamental de las mismas y las convierte en un apéndice de los mismos y en aquellos donde la ideología pretende crear moral pública, una herramienta de adoctrinamiento que se extiende en otras sociedades. Sería el sector privado que colabora y vive para y de las políticas de ayuda al desarrollo, una especie de ingeniería social.

Los Estados de Bienestar acostumbran a los ciudadanos a que ciertos servicios se conviertan en derechos que deben ser satisfechos por el Estado en estado de monopolio y dentro de ellos está el de la seguridad. En este entorno, es lógico que los cooperantes afectados por la violencia pidan el amparo de los Estados, incluso de los que no son ciudadanos, exigiendo acciones armadas de defensa de sus actividades a la vez que en algunos casos, se quieren convertir en “jefes” de los soldados que velan por su seguridad sin darse cuenta que no siempre los intereses de unos coinciden con los de los otros. El enfrentamiento dialéctico tras el terremoto en Haití entre los Marines estadounidenses y las diversas ONG fue muy sonado ya que los primeros pretendían utilizar sus medios para la reconstrucción tal como ellos la entendían y los segundos pretendían que se pusiesen a su servicio, a la vez que no aceptaban órdenes de los primeros a la hora de  coordinar actividades y evitar dobles esfuerzos.

Todo ello carga sobre los hombros de los contribuyentes un gasto que debería recaer sobre el presupuesto de la organización. Cualquier empresa filantrópica debe ser realista y dedicar parte de su presupuesto a funciones de seguridad que serán más elevados según la situación. Hay que tener en cuento dos aspectos que no pocos cooperantes ni quieren plantearse. No todo el mundo está de acuerdo con la labor de las ONG. Algunos piensan que sirven para poco o para nada, incluso que su actividad es a la larga perjudicial para las sociedades a las que intervienen. Así, a algunos contribuyentes no les hace gracia que lo que tanto les ha costado ganar y que el Estado les arrebata se dedique a actividades para las que ellos no destinarían ni un euro. El segundo punto es que no siempre de una acción supuestamente positiva se derivan consecuencias positivas. Las ansias de ayudar de ONG y cooperantes no tienen por qué ser recompensados con el desarrollo de la sociedad ayudada y el uso arbitrario de los presupuestos públicos es de nuevo una carga para personas que nada tienen que ver con ello. Sin embargo, es algo aceptable cuando esto se hace con las aportaciones de gente que libremente desea colaborar, asumiendo desde luego todos los riesgos que están ligados a ello. Pero en último lugar, todas las ONG, sus cooperantes y benefactores deben aceptar que el peligro de muerte, secuestro, robo o cualquier acto violento puede formar parte de su actividad y que este no debe ser cargado sobre las espaldas de los que no se quieren implicar  ni de los que no están de acuerdo con sus métodos.